Denuncian fraude a ANSeS por $1.700 millones

A cerca de 1.700 millones de dólares ascendería el perjuicio contra el Estado provocado por un fraude con jubilaciones y pensiones detectado, y denunciado ayer, por la Oficina Anticorrupción, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) hoy a cargo de Rodolfo Campero.

La denuncia lleva la firma del director del Area de Investigaciones del organismo, Carlos Manuel Garrido, y quedó radicada ante el juzgado federal número 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría. Advierte la existencia de una maniobra delictiva que consistía en alterar datos del sistema informático de la ANSeS para pagar reajustes jubilatorios a quien no le correspondía o liquidar falsas «sentencias judiciales».

Envergadura

A partir de la investigación que inició la OA, por un pedido de la propia ANSeS, «se concluyó que en la gerencia de liquidación de sentencias judiciales, más específicamente en departamento de aplicaciones informáticas, hay irregularidades que por su dimensión pueden haber afectado en gran medida el presupuesto de esa administración, pues varios empleados habrían ingresado al sistema informático beneficiarios de pensiones o jubilaciones que no eran tales».

El «ardid», como lo denomina la OA se cumplía en varios pasos.

Luego de obtener sentencia definitiva, los expedientes pasan al archivo para que una persona dependiente de la Gerencia de Liquidación de Sentencias Judiciales les asigne un «orden de prelación». Es decir que se les coloca un número de orden para el pago.

Una vez que corresponde que sea liquidado, el expediente pasa al departamento de cómputos para que se determine el monto que se deberá abonar en cada caso.

Y realizado este cálculo se produce el pase al sector de aplicaciones informáticas, donde un opera-dor con clave personal identificatoria realiza la carga al sistema informá-tico. Para que se produzca el pago del beneficio, luego de ser cargado al sistema, tiene que ser aprobado por un «referente» que también tiene su clave personal.

Por último, el Departamento de Control de Procesos realiza el control final y si está de acuerdo lo aprueba y pasa el expediente para que sea abonada la jubilación o la pensión.

La OA deja abierta la posibilidad de que el beneficiario estuviera enterado o no, o de que sus apoderados o testaferros estuviesen en connivencia con esta organización interna de la ANSeS.

Destaca que «las personas involucradas indudablemente son aquellos empleados del Departamento de Cómputos o de Aplicaciones Informáticas que participaron en la modificación de haberes».

Pero advierte a la jueza que, a partir del caso de un beneficiario de apellido Róngora, quien fue acompañado por un gestor llamado Juan Carlos Benítez, «hay indicios de que habría habido una connivencia entre el personal de la ANSeS y personal externo».

La denuncia también enumera irregularidades como la doble carga de expedientes, incluso luego de que fueran rechazados por irregulares. O también el caso de un expediente a nombre de Mac Culloch Juan Eduardo, «al que se le agregó una sentencia de la Cámara de Seguridad Social falsa», en reemplazo de la original, que imponía una modalidad de cálculo correcta del pago que se debía realizar.

Las maniobras

Hubo casos en que existía sentencia judicial a favor de un jubilado o pensionado, pero se hicieron los cálculos de haberes de manera manifiestamente incorrecta, sin respetar topes o intereses. En otras ocasiones, se arrancaron fojas de los fallos judiciales para alterar datos y, en muchas ocasiones, se hicieron aparecer como demandantes con sentencia firme a beneficiarios que nunca hicieron planteo alguno y cuyos expedientes no tenían ningún movimiento.

«Podemos afirmar que la maniobra consistía en que habría entre los opera-dores, referentes, empleados del archivo y del sector cómputos, una coordinación para detectar expedientes que estaban sin movimiento, en los que difícilmente sus beneficiarios se presentasen ante la ANSeS, procediendo entonces a modificar sus haberes con la excusa de un reajuste por sentencia judicial inexistente», dice la denuncia.

Una vez consumado el ardid, había jubilados o pensionados que sorpresivamente veían incrementados sus haberes o percibían retroactivos que terminaban en manos de apoderados o testaferros «o inclusive todo ello podría haber ocurrido con la connivencia del beneficiario, que les entregaba una parte a los operadores de la ANSeS», consideró la Oficina Anticorrupción.