Desata Ibarra un conflicto diplomático por expropiar

Aníbal Ibarra y los legisladores porteños están llevando adelante, casi en silencio, una política de expropiaciones de empresas y de inmuebles previamente usurpados, que está a punto, esta semana, de convertirse en un escándalo. Al tiempo que Ibarra justifica su política en la necesidad de mantener fuentes de trabajo, decide aumentar impuestos, en un contrasentido que sólo tiene explicación en la búsqueda de conquistar votos, por un lado, y en la de incrementar -aun perjudicando a los contribuyentes-las arcas de su alicaída gestión.

Ya no se trata de que el Estado se haga cargo de firmas quebradas de la Ciudad de Buenos Aires -como lo viene haciendosino también de la apropiación de inmuebles usurpados por asambleas barriales o empresas que no han llegado a la quiebra. Como antecedente, la propia Legislatura votó un pedido de informes por la supuesta intervención de funcionarios del gobierno de Ibarra en el «permiso» para la ocupación de una vivienda perteneciente al Estado porteño, el cual posee aproximadamente 6.000 propiedades, en gran parte usurpadas.

Diputados del ARI, el movimiento de Elisa Carrió, anunciaron que van a proponer la expropiación de una clínica recientemente ocupada por asambleístas y al mismo tiempo ya tiene despacho de declaración de utilidad pública una fábrica de grisines, del barrio de Chacarita, que se encuentra concursada. Esa situación alertó a diputados del radicalismo y del peronismo, que en esta oportunidad se opondrían a continuar sancionando ese tipo de medidas en forma indiscriminada.

•Tres casos

Hasta ahora se concretaron tres episodios referidos a las erogaciones del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido, las que podrían tildarse, al menos, de arbitrarias.

La primera ocurrió el año pasado, cuando los legisladores votaron la aprobación de la Ley 603 que otorgó u$s 400.000 de subsidio a una cooperativa de trabajadores para que pudiera seguir funcionado. Es una fábrica de envases de aluminio que a su vez realiza actividades culturales. Seguramente habrá otras cooperativas o PyMEs en difícil situación que tendrían el derecho de solicitar igual salvataje, pero habría razones, disimuladas tal vez en los fundamentos de la resolución que le impedirían esa equidad.

•Aporte

El 12 de setiembre pasado, los diputados porteños aprobaron dos leyes, que declararon la utilidad pública de los bienes inmuebles de sendas pequeñas empresas y la expropiación de sus bienes muebles e intangibles. La norma se fundó en que las firmas estaban quebradas, sus dueños desaparecidos y, por lo tanto, los empleados podían hacerse cargo, nucleados en cooperativa, de continuar con la producción. En un caso se trata de una empresa gráfica y en otro de una elaboradora de insumos para heladerías. El Gobierno porteño aportaría la suma de $ 130.000 anuales en cada caso, en concepto de indemnización a los propietarios.

Ahora algunos legisladores temen que una catarata de pedidos similares termine en gastos millonarios que no podría afrontar el Gobierno porteño -que escaso de recursos cada año genera un aumento de impuestos-si se aplicara la misma actitud con la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas en situaciones difíciles en momentos de recesión y con el agregado de deudas en dólares.

La propuesta de Jorge Altamira (Partido Obrero) y Beatriz Baltroc (ARI) ya tiene despacho en comisión, para que la fábrica de grisines Grissinopoli, quede a cargo de los trabajadores que armaron una cooperativa. La UCR se opone, porque considera que la firma está en etapa de concurso preventivo y que sus dueños están realizando ese trámite, pero que también «hay otros acreedores además de los empleados».

•Clínica

En otro caso, tomaría intervención la Embajada de Portugal, ya que se refiere a la ocupación del Hospital Portugués, un establecimiento que estaba cerrado desde hacía 4 años, tapiado por orden judicial mientras se tramita un proceso de liquidación, hasta que el 31 de agosto pasado fue derribado el muro por dos grupos de asambleas barriales. Así lo denunció el titular de la Comunidad Portuguesa en la Argentina, José Mendonça Zita, quien espera el nombramiento del nuevo embajador para presentar ante él los reclamos.

La clínica, de la calle Gavilán en el barrio de Flores, permanecía cerrada con todo su instrumental e instalaciones dentro. Actualmente está ocupada y la diputada Baltroc anunció a sus pares que pedirá la expropiación para que se convierta en un lugar de atención médica para los trabajadores de fábricas expropiadas. Los vecinos hicieron una denuncia penal, mientras que la comunidad portuguesa reclamó ante el juzgado que lleva la causa civil. Un grupo de legisladores, entre ellos Jorge Mercado, Hernán Caeiro y Marta Oyhanarte, se reunieron con los titulares de la Comunidad Portuguesa para atender sus reclamos, pero ni desde el Gobierno porteño ni de la Justicia emanó una decisión. Es explicable en Ibarra, quien desde hace meses ejercita piruetas para seducir a Carrió y que el ARI lo acompañe en su aventura por la reelección.