Desde hoy, los cheques rechazados ya sea por motivos formales o por falta de fondos, pagarán una multa de 4% de su valor con un mínimo de $ 100 y un máximo de $ 50.000. La multa podrá ser reducida en 50% si el librador cancela el cheque dentro de los 30 días del rechazo.
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Las entidades financieras recibieron la noticia como un nuevo golpe: es que no sólo les afecta en su relación con los clientes, fuertemente desgastada desde el «corralito», sino que temen que, como ya se hizo en otras ocasiones, si el librador del cheque no paga la multa, quien termine respondiendo por ella sea el Banco. Es que según dispone la Ley 25.730 que instrumenta la medida, el Banco está obligado a debitar el monto de la multa de la cuenta del librador y en caso de no ser satisfecha dentro de los 30 días del rechazo, ocasionará el cierre de la cuenta corriente e inhabilitación. La medida es curiosa y hasta peligrosa en momentos en que la Argentina busca recomponer el vínculo del público con el sistema bancario, y cuando lo ideal sería tender a la bancarización de la gente en lugar de alejarla del sistema financiero.
La multa a cheques rechazados rigió desde 1995 con la sanción de la «ley del cheque» hasta mediados de 2001.
Desde entonces los bancos han venido pidiendo que no se vuelva a implementar este tipo de sanciones. Pero desde el Congreso de la Nación promovieron la instauración de la norma. La tasa porcentual que se aplica hoy supera ampliamente la que regía hasta 1995. Por ejemplo, las multas por motivos formales que ahora es de 4% con un mínimo de $ 100, inicialmente era de 2% y en setiembre de 2000 fue reducida a sólo 0,5% con un mínimo de $ 10. Desde la organización Veraz, calculaban ayer que si este tipo de multas se hubiera aplicado sobre todos los casos de cheques rechazados de 2002, se hubieran recaudado unos $ 343,3 millones.
Según dispone la ley, la recaudación estará a cargo del Banco Central y el monto obtenido se destinará a la aplicación de los programas y proyectos a favor de personas con discapacidad creado por el Poder Ejecutivo Nacional en 1996.
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