Despues del pacto: en provincias descartan despidos de estatales

Todas las provincias del país ya pactaron con Nación llegar lo antes posible al ansiado déficit cero, pero la gran mayoría de las administraciones no aplicaría, en principio, rebajas en salarios estatales ni en jubilaciones.

Hasta ayer las provincias que estaban más cerca de aplicar medidas análogas a las que anunció Domingo Cavallo para empleados y jubilados nacionales son Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Misiones.

Excepto Buenos Aires, donde el gobernador Carlos Ruckauf firmó ayer el decreto de ajuste, ninguna de estas provincias anunció oficialmente cómo será la aplicación concreta del achique en salarios y jubilaciones, pero ya sus mandatarios reconocieron oficial o extraoficialmente que tocarán los ingresos de los empleados públicos o las cajas jubilatorias, según los casos.

Con el acuerdo recién firmado por el justicialismo en la mañana de ayer, salvo en Buenos Aires -que avanza en su achique desde antes del lanzamiento del llamado Pacto de la Independencia-no había demasiada precisión acerca de cuál sería el alcance de las medidas de ajuste provinciales.

En Mendoza, el gobernador Roberto Iglesias (Alianza) ya anticipó que habrá una reducción salarial para los estatales, pero aseguró que lo hará recaer de una manera progresiva y «tratando de no afectar a los que menos tienen». Se especula que el achique será de 5 por ciento y a partir de los sueldos de agosto, pero no se dio a conocer cuál será el piso. Además, se implementaría el pago con bonos a proveedores, quienes no los aceptarían.

• Como en Nación

Carlos Rovira (PJ), gobernador de Misiones, aplicaría en su provincia algo muy parecido a los criterios nacionales de ajuste: todos los estatales que perciban más de $ 500 sufrirían un recorte de 13 por ciento, lo mismo que los jubilados que perdiban más de $ 500.

Para esto, Rovira enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contendrá los criterios del Decreto 896/01 (el que aplica las medidas de ajuste nacionales) junto a lo que denominó una «cierta adecuación provincial». Esta provincia deberá recortar $ 40 millones en su gasto público para este semestre como condición para seguir obteniendo financiación.

El caso de Río Negro contempla, además de rebajas salariales, la implementación de tickets (alrededor de 20 por ciento) para completar los pagos a estatales. Según entiende la administración de Pablo Verani (Alianza) ésta es la única salida para reducir aportes patronales y masa salarial en efectivo.

A pesar de no dar demasiadas precisiones, desde el Ejecutivo rionegrino ya se desprendió la información de que «todas las partidas están en revisión», incluyendo las salariales y las de obras públicas, datos que no sorprenden en una de las provincias peor administradas del país.

Hasta aquí -y con bastante incertidumbre acerca de cómo y cuándo comenzarán a hacerse efectivos los recortes-las provincias que se apegarán a los pedidos del gobierno nacional, emulándolo en los controvertidos recortes salariales.

El resto de las administraciones está más cerca de lo que quedó expresado en uno de los puntos que ayer firmó el PJ, es decir, «que cada provincia adopte los mecanismos que considere adecuados para alcanzar el déficit cero». Se supone que las rebajas salariales y los pagos de sueldos en bonos son las medidas a las que los gobernadores echan mano como último recurso, por lo cual la mayoría se encargó de aclarar que no tiene en mente implementarlas.

En general, las administraciones que deben afrontar reducciones presupuestarias están apelando a medidas alternativas como, entre otras, baja de gastos administrativos, reestructuraciones en las dependencias del Poder Ejecutivo o pago a proveedores con bonos.

En Santa Fe está descartado que haya rebajas salariales o el pago de sueldos con bonos. Para el caso de los jubilados se aclaró desde el Ejecutivo que por la ley de emergencia económica que rige en la provincia desde octubre de 1999 ya se les retiene 14,5 por ciento de sus haberes a los pasivos que ganan más de $ 500.

En Córdoba tampoco se emitirán bonos y no habrá reducción alguna. Cabe recordar que en 1996, durante la gobernación de Ramón Mestre, hubo una rebaja de jubilaciones de 18 por ciento. El actual gobernador, José Manuel de la Sota (PJ), confía en que cualquier ajuste podrá esperar hasta después de octubre (mes electoral) y que en tal caso se apelaría a frenar gastos en obra pública, eliminación de personal contratado y, como última instancia, la emisión de un bono.

Otra provincia que negó rotundamente la aplicación del ajuste a partir del achique de salarios es Neuquén. El gobernador, Jorge Sobisch (MPN), asegura que tampoco utilizará bonos, siendo esta herramienta instrumentada para afrontar la deuda consolidada, no la que se desprende de los salarios.

Lo que sí está siendo tenido en cuenta en esta provincia es aplicar una reestructuración de las partidas presupuestarias.

Tucumán, donde se está iniciando desde este año un proceso de merma de gastos estatales, no tienen aún en carpeta ni reducciones ni despidos en la planta de empleados públicos. De todas maneras, el uso de bonos sí es una práctica habitual para el pago de sueldos. Están emitiendo $ 19 millones para sumarse a los $ 76 que ya están circulando y que se destinan para el pago de sueldos.

• Sin bonos

Asimismo, en Salta las medidas de ajuste no contemplan uso de bonos, rebajas ni despidos para empleados públicos, pero sí habrá ajuste en los sueldos de los cargos asignados políticamente, que tendrán una disminución de entre 13 y 15 por ciento.

A su vez, el sueldo del gobernador, Juan Carlos Romero (PJ), será el tope para todos los sueldos oficiales. Esto significaría una normalización de los ingresos para funcionarios en un promedio de $ 3.000. Hoy habrá algunas novedades sobre futuras medidas por tomar en esta provincia. Además, se está elaborando un proyecto de ley para imponer solvencia fiscal y disciplina fiscal a todos los municipios.

Otra provincia que también impondrá un tope salarial de $ 3.000 -es el sueldo del primer mandatario local-para sus funcionarios es Chubut. El gobernador José Luis Lizurume (Alianza) aseguró que este límite se aplicará incluso para los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo.

Asimismo, en Chubut fue confirmada la futura emisión de bonos para hacer frente al pago de proveedores estatales.

En Chaco ayer volvió a confirmarse que no habrá despidos, rebajas de haberes ni pagos en bonos para empleados o proveedores.

Los sueldos de funcionarios políticos de La Rioja se reducirán en 30 por ciento, pero no habrá achicamiento ni despidos en la planta permanente de estatales. Como estaba previsto antes del ajuste nacional, se pagará desde 20 por ciento de los sueldos y aguinaldos en bonos.

El resto de las provincias tampoco tiene previsto rebajas ni despidos en sus plantas de empleados del Estado.