Dura negociación por los peajes

La unidad renegociadora de los contratos de servicios públicos empezó esta semana una dura negociación con las actuales concesionarias de las rutas por peaje. El próximo miércoles 15 tiene que haber un acuerdo entre esa unidad y las compañías sobre la deuda que le reclama el Estado por incumplimientos al contrato original. Si no hay acuerdo, esas empresas no podrán presentar la oferta económica el viernes 17.

Hasta ahora están precalificados 23 consorcios. Esto significa que reúnen las condiciones técnicas y patrimoniales para realizar la oferta económica. De ese total, 9 corresponden a los actuales concesionarios que tienen una semana para llegar a un acuerdo con el gobierno. Entre ellos, Benito Roggio, Dycasa, Perales Aguiar, Servicios Viales del grupo Macri, Supercemento y José Chediak.

El monto que el Estado reclama a través del organismo regulador de las concesiones viales a cada una de las concesionarias, cuyos contratos vencen el 31 de octubre, no fue difundido. Pero la decisión del ministro de Planificación, Julio De Vido, que lidera la unidad renegociadora junto con el ministro de Economía, es que las empresas acuerden la realización de las obras faltantes en plazo a determinar, o que se ejecuten las garantías que se encuentran en caución.

Por eso, se habla de que el viernes 17, cuando se abran sobres, habrá ofertas «elegibles» y otras «no elegibles». Por otra parte, el secretario de Obras Públicas, José López, reiteró ayer frente a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que «no se permitirá que participen de la licitación quienes tengan juicio contra el Estado o quienes no lleguen a un acuerdo con la unidad renegociadora».

La afirmación suscitó algunos interrogantes que no fueron respondidos por ahora. Si se trata de cualquier juicio contra el fisco, no uno relacionado con las rutas por peaje, Servicios Viales del grupo Macri quedaría fuera de carrera, debido a la demanda por presuntos incumplimientos del Estado nacional en la concesión del Correo Argentino.

• Ahorro

En su encuentro con los diputados, López centró el discurso en que el Estado se va a ahorrar 1.125 millones de pesos en los próximos cinco años. La suma surge de los subsidios que perciben actualmente las concesionarias (325 millones de pesos por año), menos 500 millones de pesos que el Estado destinará a inversiones en las rutas concesionadas para dejarlas en «estado óptimo». A esto se sumarían 18 millones de pesos por cánones al fisco, neteando de los seis corredores que se licitan, los dos que serán subsidiados.

Según fuentes oficiales, los 500 millones que requieren las rutas no es la suma que se les reclama a las concesionarias, sino lo necesario para que los caminos estén en perfecto estado, incluyendo la estructura. La diferencia radica en que en los contratos actuales sólo se pedía el índice de estado que mide la parte visible de la ruta. Por eso, la suma reclamada sería mucho menor a los 500 millones de obras que hoy se estiman como necesarias.

Las nuevas concesiones que se adjudicarán a partir del 1 de noviembre serán para operación y mantenimiento por cinco años. Los que resulten adjudicatarios no estarán inhabilitados para presentarse a las licitaciones que hará el Estado sobre las obras a realizar en las rutas.