«Hacemos cargo de lo que suceda con la próxima campaña de producción a los funcionarios que no supieron dar respuesta a nuestros reclamos», coincidieron en un comunicado ayer tres de las cuatro entidades nacionales del campo.
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El tiro por elevación apuntaba a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Ministerio de Economía, que rechazó el ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias y decidió no modificar el IVA de 10,5% a la venta de granos que, dicen, distorsiona las cuentas del campo, ya que pagan 21% por los insumos y genera créditos a favor de difícil recuperación.
«La tremenda voracidad fiscal puesta de manifiesto por el gobierno atenta contra la recuperación de la economía, el empleo y la inversión, y el Ministerio de Economía, lejos de solucionar los diversos, justos y reiterados reclamos contra la elevada carga impositiva que padece el agro, se empecina en agravarla sólo con el afán ilimitado de recaudación y cumplir con las exigencias de los organismos internacionales», sostuvieron la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro.
En un duro comunicado, los productores agropecuarios califican de «intransigentes» al subsecretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ballesteros; y al titular de la AFIP, Alberto Abad, a quienes acusan de «discriminar al campo con impuestos que confiscan capital productivo».
•Disparidad
El planteo de las entidades se da un día después de que fracasara la intención de establecer una fecha para un «lockout» del campo, el que iba a ser organizado con toda la cadena agrícola. Y si bien desde CRA se pretendía establecer fecha y modalidad del posible paro, discrepancia entre las entidades impidieron llevar a cabo esa intención. Mientras Coninagro rechaza una paralización en la comercialización -aunque analiza otro tipo de protesta-, la Sociedad Rural Argentina aún no decidió una postura. Finalmente, el comunicado no estuvo rubricado por la Federación Agraria Argentina, la otra entidad que rechaza acompañar a la cadena agrícola a una protesta.
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