EE.UU. controlará ahora exportaciones en Buenos Aires

Cresencio Arcos, director de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior de EE.UU., estudiará el puerto de Buenos Aires por ley contra bioterrorismo.

Una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezada por Cresencio Arcos, director de Asuntos Internacionales en el Departamento de Seguridad Interior de ese país, estudiará desde hoy las condiciones en que trabaja la Aduana del puerto de Buenos Aires. El objetivo es implementar un sistema de control de contenedores para que los productos que se exportan a ese país desde la Argentina obtengan un certificado que les permita ingresar directamente en el comercio norteamericano sin revisiones en sus puertos.

El plan, que fue explicado ayer por Arcos en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y que está relacionado con la ley de bioterrorismo de ese país, ya está en funcionamiento en 20 puertos de diferentes países de Europa y Africa.

Fue creado luego de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de setiembre de 2001 en un intento por controlar el ingreso y la salida de productos comerciales en Estados Unidos, al igual que se hizo con el tránsito de personas por aeropuertos.

El mecanismo, según explicó Arcos, consiste en que «mediante la cooperación del gobierno y las fuerzas de seguridad locales se revisen en los puertos de origen los contenedores con productos que se exportan a Estados Unidos». También «debe asegurarse que haya transparencia entre los oficiales de Prefectura, ver si el puerto respeta los requisitos de la Organización Marítima Internacional y si se garantiza que no hay corrupción». En caso de cumplirse esos puntos, el gobierno de Estados Unidos entregará certificados de «contenedores seguros», con los que los productos ingresarán directamente al comercio lo que beneficia notablemente al sector privado de esos países.

Dado la evidente dificultad para lograr todos los objetivos, Arcos aclaró que «no tenemos plazos ni evaluaciones certeras sobre cuándo podría la Argentina ingresar en el plan. Por ahora sólo estamos comenzando a evaluar la capacidad de los puertos principales de Amé-rica latina».

Esta iniciativa tiene que ver con la segunda etapa de la ley contra el bioterrorismo de Estados Unidos que debía comenzar a regir el 12 de diciembre de 2003 pero a último momento se prorrogó al 18 de agosto de este año.

La ley establece una reglamentación que apunta a proteger a Estados Unidos ante amenazas de un ataque bioterrorista a través de productos contaminados.

Pero debido a que las empresas de productos alimenticios y farmacológicos, entre las que no hubo el acatamiento esperado, no llegaban a cumplir 100% de los requisitos, se decidió una postergación que evita interrumpir el intercambio comercial y una aglomeración de mercaderías en la frontera.

Según explicó ayer Arcos, «no se tiene previsto implementar sanciones a los puertos que no obtengan los certificados de contenedores seguros». El perjuicio pasará por los costos que deberán afrontar los que no tengan los certificados ya que los productos serán demorados y revisados y deberán permanecer en bodegas que guardarán los embarques sospechosos.

• Cooperación

Arcos dijo que «por conversaciones que tuvimos con representantes de la cancillería, el Ministerio del Interior y de Defensa argentinos, tenemos la seguridad de que el gobierno quiere prevenir el terrorismo y que cooperará con este plan para que los embarques argentinos no sufran demo-ras».

Según datos que aportó el funcionario a Estados Unidos ingresan por día 20.000 contenedores de todas partes del mundo y de la Argentina sólo lo hacen 56.000 al año.

«No queremos que esta medida cree una distorsión económica» porque los puertos que «tengan certificados se aprovechen de los que no lo tienen» y cobren por sacar contenedores desde su terminal, dijo Arcos. Y agregó que Estados Unidos no intervendrá económicamente en la adaptación de los puertos a los requisitos que exigirá, pero sí colaborará con adaptar la tecnología.

Además, el funcionario norteamericano dijo que «el gobierno de Estados Unidos está pendiente de la zona de la Triple Frontera donde hay sospechas de tráfico de productos, armas y drogas, pero aún no tenemos una política específica para aplicar en esa área».