El Congreso aprobaría esta semana las 4 leyes decisivas

El gobierno podría, hacia fines de esta semana, comenzar a negociar una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la perspectiva que se abre si, como prometían ayer los principales hombres del oficialismo, esta semana se aprueban cuatro leyes decisivas que pretende el Poder Ejecutivo: la del plan BONEX, la de «subversión económica», la de quiebras y la que establece el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). A Eduardo Duhalde le informaron, anoche, que podía esperar ese resultado para mañana, o tal vez el jueves. Colaborarían hoy con esa meta los gobernadores del PJ, que se autoconvocaron para sesionar en Buenos Aires e imprimir, si fuera posible, algún orden a sus legisladores para evitar una crisis terminal. Festejaban anoche los ministros, aliviados de un día que incluyó de todo: desde una sublevación de legisladores al mediodía y una pelea dura entre Duhalde y Jorge Remes Lenicov, hasta una negociación «sui generis» con el Congreso, realizada con sólo dos parlamentarios y el resto colgado de un teléfono por no poder salir del palacio de Rivadavia y Entre Ríos. Signos de los tiempos.

La posibilidad de que esta semana se aprueben las leyes indispensables para la continuidad de la política de Remes Lenicov (y aún para la supervivencia del gobierno) se alcanzó durante una última negociación que llevaron adelante en el Ministerio de Economía Jorge Capitanich, Rodolfo Gabrielli, Jorge Todesca, Lisandro Barry, Eduardo Ratti, Juan Carlos Pezoa -Remes no estuvo: viajó a La Plata porque operarían a su madre-, el senador Jorge Alperovich y el diputado Jorge Matzkin y, por teléfono, Humberto Roggero, Eduardo Camaño, Juan Carlos Maqueda, José Luis Gioja y Carlos Verna.

En ese conciliábulo el gobierno cedió ante el Congreso un principio de método: no se tratará la ley enviada por Economía, consistente en un proyecto ómnibus que contenía desde el establecimiento del CER hasta el plan BONEX, pasando por la reforma a la carta orgánica del Banco Central y la creación de un nuevo banco nacional, producto de la fusión de los bancos oficiales. La discusión sobre este punto se inició temprano, cuando el gobernador radical de Catamarca, Oscar Castillo, y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Horacio Pernasetti, visitaron a Rodolfo Gabrielli y, con él, a Duhalde, para manifestarle: «El radicalismo está dispuesto a apoyar en la aprobación de lo que sea urgente. Pero no nos mezclen cosas que se pueden discutir con más tiempo, como la reforma del sistema financiero oficial, con cuestiones de emergencia, como la emisión de un bono para que no siga el 'goteo' del 'corralito'». El Presidente admitió y Gabrielli comenzó las negociaciones sobre la base de este criterio.

Una pieza de transacción fue el CER: los legisladores quisieron insistir con su propio proyecto (originado en una iniciativa de Jorge Yoma y Gioja) y no el que proponía el Ejecutivo. La otra, de final abierto, fue la posibilidad de que los bancos respalden los bonos que se entregarán por los depósitos con las garantías de sus carteras de créditos mejor calificados.

• Reproches

Para esa hora, Duhalde y Remes saldaban algunas cuentas en privado, durante una reunión que duró casi una hora. El ministro le habría reprochado al Presidente un respaldo muy condicionado y, sobre todo, confuso. No sólo porque el mandatario no opera directamente sobre los punteros parlamentarios que le responden más directamente. También porque emite señales confusas como las que salieron de Olivos cuando Duhalde sometió la política económica a la consideración de «dinosaurios» como Eduardo Setti o Daniel Carbonetto. Es cierto que el pálido paso de Remes por Washington, desaprovechando una reunión del FMI destinada casi exclusivamente a tratar el caso argentino, favoreció también a los díscolos que apuestan a que no habrá -o no debería haber- acuerdo con ese organismo multilateral. El Presidente manifestó temores específicos: una encuesta le indicó, este fin de semana, que 87% del público considera inaceptable el cambio de depósitos por bonos y que sólo 6% aceptaría esa propuesta teniendo en cuenta la emergencia que vive el país. Para Olivos esas cifras significan un eventual «cacerolazo», que anoche el gobierno quería prevenir demandando informes de inteligencia.

Remes se reunió, después de dialogar con Duhalde, con Capitanich y Gabrielli. Con ellos resolvió darse un programa de urgencia para, en 15 días, consumar la agenda necesaria para acceder a la ayuda del Fondo. Durante ese encuentro los ministros llegaron a la conclusión de que era imprescindible no agotar la energía legislativa del Congreso en la sola aprobación del BONEX: «Deberíamos aprovechar estas gestiones para aprobar todo el paquete, si no, conseguiremos terminar con el drenaje de los bancos pero nos quedaremos sin pólvora para lo que hay que ofrecerle al Fondo», razonó Remes y consiguió la adhesión de los otros dos colegas.

El encuentro que se realizó en Economía cuando ya caía la noche permitió negociar toda la operación con el Congreso:

• Los funcionarios consiguieron que el Parlamento considere todo el paquete legislativo oficial en una misma semana. La división del trabajo sería la siguiente: el Senado trataría hoy la ley del bono y la de «subversión económica» y Diputados la Ley de Quiebras y el CER. Mañana o, a más tardar, el jueves, se cruzarían los proyectos para que tengan sanción definitiva.

• Para el levantamiento definitivo del «corralito» se resolvió ofrecer un título en dólares para los depósitos a la vista que provienen de la reprogramación de plazos fijos (suman $ 15.000 millones). El papel tendría un plazo mínimo de 3 años y su rendimiento sería el de la tasa LIBOR más 1%. Si se logra calzar todos los depósitos a la vista «reprogramados», el Central decidiría la liberación total del «corralito», es decir, del resto de los depósitos a la vista (unos $ 11.000 millones), básicamente cuentas corrientes de empresas y de destino transaccional. En principio, el bono se les ofrecería a ancianos, enfermos o depositantes de plazos fijos por menos de 5.000 pesos. En Economía suponían anoche que en 15 días podrían quedar calzados los fondos reprogramados con estos títulos en dólares (cotizados a $ 1,40), lo que permitiría el levantamiento del «corralito». (El resto de los bonos que se ofrecerán a depositantes se explica en páginas 5 y 6.)

• El gobierno daría de baja su propio proyecto para el CER y daría paso al que se originó en el Senado, que ahora debe tratar Diputados. En principio, el gobierno esperaba anoche que se mantuvieran criterios similares a los del Palacio de Hacienda: los alquileres se actualizarían por 50% del CER y los créditos hipotecarios para vivienda única familiar por la tasa variable del Banco Nación (para los montos superiores a $ 100.000) y por la tasa del Banco Nación de diciembre de 2001 (para los montos inferiores a esa cifra).

• Los proyectos de quiebras y «subversión económica» no parecían ser anoche materia de discusión entre el Ejecutivo y el Congreso.

• El capítulo del proyecto oficial referido a la banca oficial será tratado más adelante, al cabo de una negociación con los gobernadores que comenzará hoy. Con los jefes provinciales se comenzará a discutir también una serie de compromisos bilaterales, Nación-provincias, tomando a éstas por grupos siguiendo como criterios el nivel de déficit, de deuda y de PBI.

Con las leyes que se aprobarían esta semana y con estos acuerdos federales firmados, el gobierno se aproximaría, ya más seriamente, a la negociación de la Carta de Intención previa a un desembolso del Fondo en favor de la Argentina.