El Estado ya se había llevado la plata

Eduardo Duhalde

La desaparición del sistema privado de jubilaciones en la Argentina es una muestra más de las consecuencias finales de la voracidad fiscal que reinó en el país en las últimas décadas y que ha ido de la mano de una sucesión de favores políticos. El gobierno conseguirá ahora hacerse de la recaudación de los aportes de 3,6 millones de afiliados a las AFJP y de los fondos, acciones y bonos que se acumularon en sus cuentas. Pagará un costo alto: dar otra señal definitiva al mundo y a los inversores locales de la imposibilidad de fundar un mercado de capitales serio en el país.

En esta historia ningún dirigente puede hacerseel desentendido, a pesar de que el gobierno de los Kirchner se cebase en la ineficiencia del sistema privado y hasta acusara a gobiernos anteriores por el fracaso del sistema.

Nada más lejos de la realidad. Si por algo se debería juzgar a los directivos de las AFJP no es por haber cobrado las comisiones abusivas que el sistema les permitió (el que fue votado en 1993 por muchos de los diputados y senadores que enfervorizadamente levantaron ahora la mano para eliminarlo), sino por no haber defendido los ahorros previsionales de los argentinos de la voracidad estatal, al menos en los últimos 10 años.

El gobierno argumentó, para justificar la estatización, que con el sistema de capitalización las jubilaciones futuras quedarían por debajo de la mínima que paga el Estado. El cálculo tiene su costado de verdad, aunque no se incorporó al razonamiento de que en muchos casos quedaban aún entre 15 y 20 años de aportes por capitalizar.

Pero lo que no se escuchó por parte del oficialismo es que los fondos acumulados de cada afiliado al sistema de AFJP ya habían sido casi liquidados por el propio Estado, en una acción que comenzó cuando el propio Domingo Cavallo, se dijo que «a punta de pistola», obligó a las aseguradoras a subir la compra de títulos de deuda argentina.

Los aportes quedaron así en medio de la vorágine de la crisis local en 2001, sufrieron el impacto directo del default y la devaluación, y luego entraron en el canje de deuda que Néstor Kirchner impulsó de la mano de Roberto Lavagna.

Así, ni el gobierno de Fernando de la Rúa, ni el de Eduardo Duhalde o el de Kirchner fueron inocentes a la hora de utilizar las cuentas de capitalización como cantera para abastecerse de los fondos que el mundo ya no le prestaba a la Argentina.

Fue el mismo proceso que se nutrió del dinero depositado en las decenas de fideicomisos y fiduciarios que se crearon en los últimos años con fines específicos y que terminaron presa de las necesidades de caja, muchas veces sin el mínimo control que impone la Ley de Administración Financiera del Estado.

Por eso, la nacionalización que ayer aprobó el Senado sólo avanzó sobre la mitad de los fondos de los aportantes a las AFJP, el resto ya estaba en poder estatal: hoy 55% de las cuentas de capitalizaciónestá invertido en títulos de deuda pública; todo eso gracias a las compras que se fueron haciendo en los últimos años, proceso que este gobierno no revirtió. Eso sin contar que las AFJP también tienen bonos de deuda a través de sus inversiones en los fondos comunes. De ahí la debacle de los ahorros de los aportantes que, como se dijo, ni los gerentes de las aseguradoras ni los funcionarios públicos supieron resguardar.

Canje de deuda

A todo ese proceso se suma el canje de deuda. Lavagna les reservó a las AFJP el bono Cuasi Par. Como Cavallo en su momento, se prometió a los futuros jubilados que no perderían sus ahorros, por el contrario se «asociarían» al éxito argentino y en un plazo de 35 años -a tiempo para la jubilaciónrecuperarían lo perdido durante el default. No fue así: el canje mermó los ahorros, y el estallido de la crisis -el internacional y las casi ininterrumpidas bajas del mercado local- terminó por licuar los fondos. El propio anuncio de la estatización de las AFJP terminó de liquidarlo.

De ahí que no existan actores inocentes en esta disolución del sistema privado, aunque el gobierno se empeñara en mostrar lo contrario. En realidad, puede decirse que el sistema no fracasó: lo acertado sería pensar que hubiera sido imposible que triunfara cumpliendo sólo el rol de financista de los gobiernos de turno, casi el mismo papel que cumplieron siempre en la Argentina los aportes al sistema de jubilación estatal.