El Gobierno insiste en que ya cumplió con los bonistas

El juez Thomas Griesa no le amarga la vida sólo a los argentinos. También les complicó el fin de semana a las autoridades del Bank of New York Mellon (BONY), entidad que administra el fideicomiso donde la Argentina deposita sus pagos a los bonistas que ingresaron a la reestructuración de la deuda, al ordenar que esos fondos sean "devueltos"a la Argentina.

"Cualquier intento hoy (por el viernes) de pagar a los bonistas (que aceptaron el canje) es ilegal, no puede hacerse y no puede ser permitido por esta Corte", afirmó el magistrado. "Cualquiera que lo haga estará incurriendo en desacato" a su fallo de hace casi dos años, advirtió Griesa. En ese marco, recomendó al BONY que devuelva el dinero al país.

El Gobierno el viernes por la tarde, a través de un comunicado, respondió: "En una insólita e inédita decisión, el juez Griesa pretendió anular el pago ya realizado por Argentina". Al tiempo que acusa al magistrado de tratar de "impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos". El comunicado continúa explicando que es "insólita" (la medida del juez) porque "se trata de fondos que ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros".

La estrategia oficial de transferir los fondos le permite al país "pasarle el problema" al BONY. Según expertos, si la entidad no paga y gira los fondos como se comprometió ante el juez, estaría incumpliendo el rol de agente de pago establecido en el contrato firmado con Argentina.

El problema es que, conforme a las normas que rigen los fideicomisos, desde el momento que el país depositó el dinero en este fondo, esos recursos ya no pertenecen al Estado soberano, sino que son de los bonistas, de donde no se entiende cómo es que podría efectuar la devolución solicitada por el juez, según explican.

Por lo pronto, esta "audaz" estrategia de Argentina desmintió a quienes sostenían que el juez Griesa iba a embargar los fondos o declarar en desacato al país. En realidad, nada de esto ocurrió.

Señalan que el juez Griesa había encontrado una forma de presionar al país consistente en ordenar que no se pague a los bonistas que habían aceptado la reestructuración, sin abonarle al mismo tiempo a los fondos buitres, en lo que constituye una interpretación "antojadiza" de la cláusula pari passu, según explican expertos.

Frente a esta circunstancia, y tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso argentino, el país enfrentaba, en principio, dos alternativas: declarar el default o pagar no sólo a los bonistas sino también a los fondos buitre.

"Esta última alternativa implica que si ponemos los 1.300 millones de dólares que nos piden los buitres, atrás se nos vienen más de 100.000 millones de dólares, entre los que no entraron en el canje y los que sí lo hicieron y van a querer igualdad de condiciones", explicó una fuente en la Casa Rosada.

Por esta razón - prosiguió - "es que buscamos una tercera vía, no esperada, que consistió en depositar el dinero que tienen que cobrar los bonistas". En este caso, destacó la fuente oficial, lo importante a tener en cuenta es que "una vez que Argentina deposita en el fideicomiso, el dinero ya no es del país".

Ahora el problema lo tienen en el banco pagador que se encuentra entre la espada del juez que le ordena devolver los fondos a la Argentina, y la pared que supone cumplir su mandato de agente de pago. Si bien el BONY indicó que iba a cumplir la orden del juez, según trascendió, se desconoce cómo lo hará.

Lo cierto es que Argentina al depositar los fondos y publicar solicitadas indicando que lo había hecho, muestra voluntad de pago.

El Gobierno continúa vía sus letrados las negociaciones en Nueva York y no se descarta que estas prosigan este fin de semana. El objetivo es encontrar una solución que evite futuras demandas, particularmente de los holdin a partir de la cláusula RUFO que les abriría la puerta a reclamar condiciones semejantes a las obtenidas por los fondos buitres, si éstas se dieran antes de fin de año, que es cuando vence la mencionada cláusula.

Por otra parte, se considera que la decisión del juez Griesa torna imposible toda reestructuración de deuda y no por casualidad 134 países (sobre 194 naciones que integran las Naciones Unidas) salieron en respaldo de la posición argentina.

Asimismo, en el Gobierno se critican las propuestas de la oposición en el sentido tanto de decidir el default, como una forma de "barajar y dar de nuevo", como de pagar a los fondos buitres. "Son unos irresponsables, no tienen en consideración las graves consecuencias que traería cualquiera de estas dos salidas" se quejan en el oficialismo.