El hara kiri de los políticos

Las denuncias dominan la escena política argentina desde hace demasiado tiempo y su protagonismo se acentúa, periódicamente, con los fracasos en la gestión de la economía. Como lo hacían nuestros ancestros tribales, cuando las cosas no marchan estamos más interesados por las obras de los seres malignos. El propio Dr. Machinea lanzó, al inicio de su gestión, denuncias que el déficit fiscal era muy superior al presentado por las autoridades anteriores. La famosa y muy remanida «herencia recibida», fustigada en tantas ocasiones, sin advertir que, como el que escupe al cielo, sufriría el descrédito que estaba generando. Porque él se estaba haciendo cargo de la empresa sobre cuyas finanzas alertaba. Desde mediados de 2000, con el caso de los presuntos sobornos, los denunciantes están desplazando a los gobernantes y la gestión se entorpece y genera frutos más amargos.

Después del logro de la ley de flexibilización laboral, un primer peldaño necesario para mejorar nuestras instituciones, ocurrió la embestida contra el Senado, que produjo la dimisión de numerosos funcionarios del máximo rango y la decisión del vicepresidente de dejar su cargo. Esto se reflejó, en el campo económico, en un aumento de la desconfianza en el sistema político y disminución de la demanda global, en el país. Desafortunadas manifestaciones de las máximas autoridades del principal partido gobernante alentaron ese retraimiento del consumo y aumento de la desconfianza. La menor demanda dio lugar, a su turno, a disminuciones de los ingresos y restringió la ocupación productiva. Esto, a su vez, llevó a una menor solvencia empresaria y estatal, disminuyendo la cotización de los bonos y elevando las tasas de interés.

De ese tirabuzón salimos con el extraordinario logro de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y con el apoyo del Fondo Monetario, de la asistencia financiera por $ 40.000 millones de dólares, anunciada a fines de 2000.

Estallido

Cuando todos descorchábamos botellas celebrando la ratificación de la confianza externa en nuestras posibilidades y la segura recuperación económica, estalló otro escándalo. Esta vez era el Banco Central el centro de las denuncias. El público comprende que ese ente rector es responsable de las más sensibles de todas las instituciones económicas: la moneda y el crédito.Y que, de todos los organismos estatales existentes en nuestro país, pocos se han manejado con su eficacia probada, que nos mantuvo alejados de sobresaltos, durante largo tiempo. Y es ése, justamente, el organismo bajo ataque ahora. Los ahorristas han disfrutado de su autarquía, ratificada continuamente por las autoridades nacionales, de la liminar ley de convertibilidad, y del secreto bancario. ¿Qué garantías creíbles de la permanencia de estas instituciones subsistirían en caso de que personas del directorio fueran removidas, cuando aún resuenan los ecos de manifestaciones contrarias a ellas, provenientes del más alto estamento partidario? Nadie puede oponerse a investigaciones serias que produzcan resultados. Pero los linchamientos sin base nunca han ayudado a erigir sociedades confiables. Es más, el artículo 18 de la Constitución nacional dicta que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo... ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados antes del inicio de la causa. Los derechos fundamentales del individuo descansan en el cumplimiento de la Constitución y reconocerlos es obligación de los más responsables.

Sin capitales no hay progreso. Si los espantamos, reducimos las oportunidades de trabajo para nuestros habitantes. Porque en el mundo existen más de doscientas naciones adonde trabajar e invertir. Y el revuelo gratuito y el control excesivo de los movimientos de fondos, en uno de ellos, no le añade atractivos. En un libro que aparecerá a fin de mes, «Dolarizar: el fin de las monedas nacionales», sostengo que la diferencia entre la riqueza y la pobreza de las naciones la define el grado en que la arquitectura institucional preserva la propiedad y demás derechos individuales. Son pobres los países que no los sostienen eficazmente, como concluyen los datos incluidos en ese trabajo. Pocos países pueden atestiguarlo con la contundencia del nuestro. Era un desierto paupérrimo, con un millón de habitantes en 1850, el trabajo de su gente consiguió la opulencia más elevada en la década de 1920, para retroceder en la escala de las naciones hasta alcanzar a una posición de mínimo ingreso relativo en 1990.

La convertibilidad y demás reformas implementadas hicieron del nuestro, otra vez, uno de los estados de mayor crecimiento en el mundo, en la última década. Ahora el interrogante es: ¿seguirá nuestra sociedad gobernada por denunciantes, como estamos desde mediados del último año? Cada denuncia neutraliza las oportunidades que podrían haber abierto los logros, como la ley de flexibilización laboral, el Pacto Fiscal y el monumental blindaje.

Después de ésta, ¿quién será el próximo denunciado? ¿Iniciaremos un proceso similar al de tantas descomposiciones políticas, con rondas sucesivas de desplazamientos, cabezas que ruedan por obra de futuros ajusticiados, en una vorágine que liquida a sus más acérrimos partidarios? ¿O los gobernantes retomarán el control para encaminarnos a ser una nación más productiva? ¿Quién conducirá la marcha de Estado? ¿Los denunciantes o los gobernantes? El juego de las denuncias explosivas es atrapante e interesa a muchos. Pero sólo les da sostén a los que viven del espectáculo. Los demás debemos ocuparnos de sacar adelante nuestras empresas y trabajos. En este juego los políticos tienen en riesgo la suya. Porque el descenso económico y social será el fracaso de todos. Nunca más actuales las observaciones de Ortega y Gasset: «Argentinos a las cosas»; y de Herman Kahn, el creador del Hudson Institute: «Cada tanto, los argentinos tiran por la borda lo que han construido».