El país supeditado por su deuda impaga
En Brasil ya están estimando que tendrán disponibles hasta u$s 4.000 millones adicionales para gastar. Esto porque el FMI les permite restar del gasto público (y, por ende, de la meta del superávit) lo que destinen a obras de infraestructura. El gobierno argentino participó activamente de esta propuesta recientemente aprobada por el FMI, pero no fue tenido en cuenta. Está claro que Brasil tiene una situación fiscal más prolija, pero además viene cumpliendo todo lo prometido a los organismos internacionales. Aquí Lavagna acumula varios «waiver» o dispensas por incumplimientos. Con acuerdo pendiente con acreedores, más lejos se está de acceder a esta iniciativa.
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Luiz Inácio Lula Da Silva
Al respecto, la próxima semana arribará una misión del FMI para evaluar los números fiscales y el estudio del plan piloto.
El propio vicepresidente del BNDES, Darc Costa, estimó que la institución podría destinar más de u$s 1.000 millones a obras de infraestructura ya aprobadas, pero que no se pudieron ejecutar a causa de las normas impuestas por el FMI. También el presidente de Petrobras, José Eduardo Dutra, evaluó que la nueva contabilidad fiscal daría a la empresa la posibilidad de invertir cerca de u$s 2.400 millones, en lugar de entregarlos a las arcas del Tesoro.
• Criterios
El gobierno de Lula calificó la decisión del organismo como una «victoria de Brasil y de los países en desarrollo», si bien aún resta definir criterios que en definitiva determinarán el efecto práctico de la nueva contabilidad.
Los cambios excluirían las inversiones en obras públicas de las condiciones usuales presupuestarias impuestas por el FMI, con el fin de aumentar los recursos disponibles para mejorar las carreteras, puentes y puertos de la región. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el tipo de inversión que podría ser excluida, pero probablemente serían de alto retorno, financiadas por instituciones multilaterales y algunas empresas estatales seleccionadas que sean calificadas como «gerenciadas comercialmente».
«Vamos a evaluar cómo será calculado el superávit, la flexibilidad de las cuentas de las empresas estatales, su contabilización en el balance y en la cuentas del gobierno, porque parte de esas inversiones regresa en la generación de impuestos», sostuvo Aloizio Mercadante, líder del PT en el Senado.
El proyecto prevé que el Estado dé garantías mínimas de rentabilidad a los inversores y que eventualmente avale los préstamos, lo que representa un riesgo para el Estado en caso de un proyecto no lucrativo. El FMI, sin embargo, aclara que Brasil ya está siendo tratado de manera diferente al excluir inversiones en saneamiento y algunos gastos de Petrobras del déficit público; pero que será más difícil llegar a una conclusión que pueda ser aplicada a toda la región. El Fondo reconoció que en algunos casos sus programas de ajuste podrían haber impedido inversiones necesarias en infraestructura. Sugirió además que las inversiones tengan participación de las instituciones multilaterales para «garantizar la calidad de los gastos».
Por su parte, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, aclaró que «Brasil no cederá en su esfuerzo fiscal. Al contrario, queremos reconocer el valor de las inversiones que refuercen el panorama presupuestario de Brasil», e hizo hincapié en que cualquier movimiento hacia la puesta en vigor de nuevas reglas de contabilidad tendrá lugar en forma gradual. Brasil pretende no renovar el acuerdo que tiene con el FMI que vence a fin de año.




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