Empresas nacionales siguen con ventajas para licitar

El ministro Carlos Bastos justificó ayer los cambios introducidos al plan de infraestructura, convalidados por el Decreto 676/01, por posibles impugnaciones que podrían efectuarle empresas extranjeras no radicadas en el país, y ratificó el apoyo del gobierno a las empresas locales.

«Se corrigió no en contra o tratando de evitar la participación de las empresas nacionales, sino para prever inconvenientes que podrían surgir por alguna impugnación que perjudicaría la ejecución del plan de infraestructura», sostuvo.

Bastos explicó que «una observación de legisladores, con el fin de evitar impugnaciones, llevó a que en el caso de que la empresa ganadora pertenezca a un país que tenga tratados de reciprocidad de inversiones con la Argentina, no se aplique esta mejora de oferta».

• Modificación

En una conferencia que ofreció en Casa de Gobierno, junto con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, Bastos aclaró que «ésa fue la única modificación», y dio precisiones del Decreto 676/01, publicado en el Boletín Oficial del lunes, que modificó las condiciones de adjudicación de obras.

«Una impugnación -dijo-introduciría tiempos muertos en los trámites legales para salvar medidas cautelares.».

Informó que ésos fueron los temas que analizó la reunión de gabinete (que se realizó ayer) y destacó: «El Presidente (Fernando de la Rúa) nos encomendó que los llevemos rápidamente a la práctica para lograr uno de los objetivos del plan: la pronta reactivación económica». El Decreto 676/01 establece que las empresas extranjeras podrán controlar hasta 51% de los consorcios Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integren para desarrollar obras públicas.

Las empresas nacionales podrán empatar la mejor oferta si la presentada por ellas es hasta 10% inferior. El decreto permite que en las UTE, sociedades que duran el tiempo de las obras, sean los extranjeros los que tomen la decisión bajo la figura de «sponsor», que corresponde al mayor accionista.

El titular de Infraestructura señaló que de ninguna manera el Decreto 676/01 dejaría sin efecto lo que se denomina «compre nacional», sino que cubre de posibles impugnaciones de países extranjeros, como advirtieron los legisladores en su momento. Recordó que «cuando se discutió la Ley de Competitividad, se decidió aprobar el decreto como había sido redactado por el Ejecutivo, pero con el compromiso de efectuar, por decreto, los cambios que a juicio del Congreso lo mejoraban».

El principal cambio es la corrección del artículo que preveía que hasta u$s 45 millones, las licitaciones eran exclusivamente nacionales; por encima de ese valor, internacionales, y había una preferencia para empresas nacionales que, cotizando con un margen de 10%, podían mejorar la oferta.

Bastos informó que en la reunión de gabinete se avanzó sobre otros aspectos colaterales del plan de infraestructura para analizar la situación de las empresas nacionales. Diferenció dos aspectos importantes, por un lado, la celeridad con que se puedan licitar las obras previstas en el anexo, y por otro, el sistema financiero argentino en lo que se refiere al endeudamiento de las empresas.

• Compromiso

«Tiene que ver con el índice de endeudamiento que no puede ser superado, y ante un plan masivo de obras, puede darse que las empresas queden inhabilitadas para ofertar por su propio endeudamiento frente a compromisos contraídos con este plan.» Adelantó que se está estudiando para que ese endeudamiento caiga directamente sobre el Fondo Fiduciario y no sobre las empresas, como una forma de permitir que éstas tengan capacidad de obra y favorecer la participación de las empresas nacionales. Bastos negó que la modificación respondiera a una especie de canje con empresas españolas para salvar a Aerolíneas Argentinas.

Admitió que hubo un compromiso de la Argentina en octubre de 2000 de desregular el servicio de rampas en aeropuertos, reducir tasas aeroportuarias y de uso de la línea de bandera para los funcionarios públicos, «compromisos que se han llevado a la práctica». Seguidamente aclaró que esas medidas «no están dirigidas a Aerolíneas Argentinas, sino a mejorar la competitividad del sector aerocomercial porque hubo una baja de pasajes vendidos, y está afectado por estas altas tasas que estamos corrigiendo». Destacó por último que «de ninguna manera, ni el gobierno español ni la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) han pedido algún tipo de compensación en otras áreas».