Empresas públicas de Uruguay serían mixtas

Danilo Astori

Montevideo (ANSA) - El gobierno uruguayo considera transformar las empresas públicas en sociedades de economía mixta, dentro de un proceso de reformas que les permita a las mismas posicionarse para competir mejor.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo que «esa posibilidad siempre está en consideración», aunque prefirió no dar detalles sobre las condiciones en que se harían esas reformas.

En sus dos recientes intervenciones públicas en foros empresariales, Astori subrayó la necesidad de reformar las empresas públicas para dotarlas de una mayor flexibilidad y que estén en condiciones de competir en el marco de una economía abierta y de mercados desregulados.

• En estudio

Mario Bergara, subsecretario de Economía, señaló que la conformación de empresas de economía mixta con capital estatal y privado «es una de las posibilidades que están a estudio dentro de diversas alternativas».

Apuntó que otro de los instrumentos a considerar es que las empresas operen bajo el derecho privado y que recurran al mercado de capitales para financiarse mediante la emisión de distintos instrumentos.

Bergara destacó que en el caso de la petrolera estatal ANCAP y en el de la ferroviaria AFE «es necesario conformar una asociación con empresas privadas», particularmente en el último de los mencionados, donde es preciso realizar «una gran inversión en vías férreas que el Estado no está en condiciones de hacer».

Recordó que la aerolínea PLUNA continuará como empresa de economía mixta una vez que la brasileña Varig traspase sus acciones, 49% del capital, a otra empresa privada internacional, y agregó que la telefónica estatal ANTEL -en las condiciones actuales- «está en una buena situación para invertir y competir en el mercado de las telecomunicaciones».

En el caso de la también estatal OSE, que presta servicios de saneamiento y agua potable, un plebiscito realizado el 31 de octubre determinó que estas actividades deben estar íntegramente en manos del Estado.

La ciudadanía rechazó por una amplia mayoría en 1992 una ley de privatizaciones, mientras que en diciembre de 2003 también se pronunció en contra de una asociación de ANCAP, aunque a juicio de Bergara ello no es un impedimento para buscar encontrar formas de inversión privada en las empresas públicas.