Empresas rechazan decreto y solicitan abrir paritarias

Empresas de sectores tan diversos como las alimentarias, servicios públicos y de indumentaria están intentando que el Ministerio de Trabajo adecue el decreto que establece un aumento de $ 50 no remunerativo a los trabajadores del sector privado, de modo que ese monto sea absorbido por incrementos ya otorgados.

Se trata de grupos empresarios de diverso tamaño, pero en general medianos y grandes. Por diversas razones (aumento de las ventas, suba en la facturación por mayores precios de sus productos, presiones sindicales violentas), estas empresas concedieron recomposiciones salariales a sus empleados que en muchos casos superan no sólo los $ 224 ya otorgados por decreto oficial con anterioridad (que vienen asimilándose al salario básico desde julio y hasta febrero próximo), sino que podrían incluir también los $ 50 anunciados el martes. Todavía es un misterio qué actitud tomará la cartera laboral, pero se teme en esos sectores que finalmente el cuestionado ministro Carlos Tomada determine que, por tratarse de un monto no remunerativo, no podrá ser acumulado a lo que ya cobran los trabajadores.

• Antecedente

Sin embargo, el antecedente más válido contra este argumento es justamente un convenio celebrado entre la industria metalmecánica y la UOM (Unión Obrera Metalúrgica): el 15 de octubre patrones y trabajadores acordaron nuevas condiciones laborales para los metalúrgicos, que incluían incrementos en los básicos de todas las categorías; pero en el mismo se incluyó de común acuerdo una cláusula en la que se establece que todo aumento que se otorgara el gobierno por decreto entre esa fecha y el 28 de febrero próximo será absorbido por los ya concedidos por la industria.

Según Manfredo Arheit, presidente de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos), «el salario del peón por convenio está en $ 520, cifra que incluye ya los $ 224 otorgados por el gobierno; pero el promedio real está entre los $ 600 y $ 700; claramente las empresas de nuestro sector podrán no pagar el incremento porque les sobra resto según lo convenido con la UOM». De todos modos, dice Arheit, «quedará a cargo de empresarios y representantes gremiales tratar cada caso en particular». Agrega que muchas empresas «llegan a esa cifra pagando premios a la producción mensurables (destajo); en esos casos, habrá que ver si esos premios juegan o no en la absorción de los $ 50».

En general, el empresariado asumió el aumento oficial con cautela: hubo coincidencia en la necesidad de recomponer los salarios, pero una no muy velada disconformidad con el método elegido. Se prefiere el mecanismo de las paritarias, pero se admite que hoy, con una tasa de desempleo cercana a 20% -que distorsiona el mercado laboral-es difícil de aplicar.

Por caso, Alberto Alvarez Gaiani, presidente de la Unión Industrial Argentina, dijo a este diario que «se trata de una medida que beneficia a la gente y a la reactivación del mercado interno porque va todo a consumo. La cuestión es si es posible pagarlos. Hay sectores en mejores condiciones que otros; creo que las pymes tendrán complicaciones; en sentido contrario, las grandes empresas, aunque estén pasando alguna coyuntura complicada, tienen más espaldas que las chicas para soportar estos aumentos. Pero creo que hay que recurrir a las paritarias».

En una empresa concesionaria de transportes, la perspectiva no era tan clara: «Tenemos las tarifas congeladas; es difícil pensar de dónde vamos a sacar la plata para pagar este aumento, que según nuestros cálculos representará una erogación mensual superior a los cinco millones de pesos».

• Coincidencia

Desde un fuerte grupo nacional coinciden con Alvarez Gaiani: una fuente admitió que «hay escenarios muy diferentes entre las empresas. Además, creo que se está abusando de un mecanismo que no está previsto en la ley; si es una emergencia, vaya y pase, pero ya es la cuarta vez que se apela a este método y se ignora la posibilidad de usar las paritarias: hoy no hay limitantes legales para este mecanismo; sí puede aducirse que el desempleo de 20% podría distorsionar la negociación». El informante agrega que quienes pagarán sin dudas son los sectores que están exportando; «en cambio, las empresas de servicios y las muy volcadas al mercado interno tendrán problemas: deberán redireccionar sus flujos de caja hacia los salarios».

A su vez, Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina, coincidió en líneas generales con sus colegas: «El aumento es razonable y es justo ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pero es siempre preferible apelar a las convenciones colectivas para arreglar estos problemas».

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) dijeron que el incremento no remunerativo de $ 50 « debe ser negociado entre los empresarios y los trabajadores en el marco de las Convenciones Colectivas de Trabajo, ya que cada sector económico tiene particularidades propias, y los beneficios de la reactivación económica alcanzan de manera distinta a cada uno de ellos». El comunicado, que lleva la firma de su presidente Carlos de la Vega, agrega que las medidas tomadas por el gobierno (jubilación, adelanto del aguinaldo, suba salarial) generaron «expectativas en los sectores empresarios que aspiran a que sostengan la recuperación del consumo, pero considerando que aumentos generalizados pueden comprometer a sectores que no están en condiciones de absorberlos».

Finalmente, fuentes cercanas a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que preside Luis Pagani, reiteraron la conocida posición de no aumentos por decreto: que cada empresa o sector defina salarios con los gremios o sus trabajadores.