Envían nuevo proyecto de tarifas

El Poder Ejecutivo envió ayer al Senado el proyecto de ley por el cual se extiende hasta diciembre de 2004 el plazo para renegociar los contratos con las empresas privatizadas. La iniciativa implica la modificación de la ley de emergencia pública que prevé la renegociación de las concesiones, pero vence en diciembre de este año.

El proyecto tiene un artículo en particular, el tercero, que deja espacio para dos interpretaciones, ya que afirma que «los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos o licencias, contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas y adecuar los parámetros de la calidad de los servicios».

•Facultad

Según se deduce de las declaraciones del ministro Roberto Lavagna ayer en Francia, ese artículo en particular implica devolver al Poder Ejecutivo la facultad de fijar tarifas. O, dicho de otra forma, ese artículo permitiría evitar los cuestionamientos de la Justicia que hasta ahora no permitió aumentos con el argumento de que la ley de emergencia no prevé ajustes parciales antes de la renegociación definitiva.

Sin embargo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo en varias ocasiones que «antes de que haya aumentos de tarifas, el gobierno va a revisar las concesiones» y se refirió en especial al grado de cumplimiento de las inversiones. En apariencia, la posición de este ministro es más cercana a la del presidente Néstor Kirchner, pero también es cierto que el Fondo Monetario exigirá que haya por lo menos alguna señal sobre tarifas antes de que se firme el nuevo acuerdo. Por lo cual puede especularse que lo anticipado por Lavagna termine imponiéndose, por lo menos en las privatizaciones menos problemáticas.

Asimismo, De Vido aseguró reiteradamente que no habrá subas de tarifas sin previa audiencia pública. Pero en los considerandos del proyecto de ley se menciona esa instancia como previa a los acuerdos de renegociación con las concesionarias.

El Congreso probablemente tenderá a aclarar el alcance de «las enmiendas transitorias» de los contratos. En apariencia, éstas no pasarán por el Parlamento para su aprobación. Según el proyecto, el Ejecutivo «remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación» al Congreso, pero no ocurriría lo mismo con las adecuaciones transitorias. Estas, según el proyecto, «deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos».

En lo que se refiere al rol del Congreso, el proyecto establece que corresponderá al Parlamento «expedirse dentro del plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta» (de renegociación). Agrega que, si cumplido ese plazo el Congreso no se expidió, «se tendrá por aprobada la norma».

•Acuerdo

Aunque el proyecto no lo expresa taxativamente el Parlamento, deberá aprobar o rechazar el acuerdo. Por esto, establece que «en el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato».

El proyecto también incluye un último artículo en que se afirma que «las disposiciones de la presente ley (en caso de aprobarse) en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones».

El Ejecutivo envió el mensaje y el proyecto de ley al Congreso, luego de haber constituido la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos, que estará a cargo de los ministros de Planificación y Economía, y reemplazará a la anterior comisión renegociadora.

Dentro de la Unidad, ambos ministros nombraron representantes que actuarán por cada uno de ellos, en caso de ausencia o impedimento temporal. El representante de De Vido es el arquitecto Carlos Salas, y el de Economía, el secretario legal y administrativo de ese ministerio, Eduardo Pérez. Como secretario ejecutivo de la Unidad fue nombrado Gustavo Simeonoff, quien ejercía el mismo rol en la anterior comisión renegociadora.