Es ley la tarifa especial para hacer obra pública

Después de semanas en que el Congreso parecía funcionar sólo al ritmo de exigencias sindicales que afectan a empresas e inversiones y de pujas en la interna del peronismo -oficialista u opositor-, ayer hubo avances legislativos en temas clave. Se confirma que el gobierno puso freno a la presión de gremios en la Comisión de Legislación del Trabajo, cuerpo del que se apropiaron este año. Héctor Recalde reconoció en una reunión de esa comisión el pedido oficial para que se abstenga de avanzar con reformas «moyanistas» a leyes laborales. Se criticó en el Senado que el gobierno quiera financiar obras de energía con una tarifa más cara para las empresas, en principio porque luego podría ampliarla. De todas formas, esa iniciativa ya es ley.

Julio De Vido y Rodolfo Terragno

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que establece la creación de cargos específicos que deberán pagar la empresas para financiar la construcción de obras de infraestructura en energía. El debate fue uno de los más duros de este año y marcó, entre otras curiosidades, la vuelta de Cristina Kirchner a las discusiones parlamentarias, justo en una sesión en la que hasta se dudaba de su presencia.

El proyecto autoriza al gobierno a fijar un cargo que deberán pagar las empresas beneficiarias de las obras, pero también deja abierta la puerta para que en el futuro pueda aplicarlo también a usuarios domiciliarios, aunque la línea de división entre ambas categorías queda también a voluntad del gobierno ya que no se fija el consumo, por ejemplo, en kilovatios para ser considerado gran consumidor. Ese cargo será pagado por las empresas o comercios junto con la factura de electricidad o gas.

Como figura legal, esos « cargos específicos» no son ni un impuesto ni una tasa por contribución sino -como reconoció el propio oficialismo- una nueva categoría que permita que las obras necesarias «sean financiadas por los beneficiarios».

Se asimilan, entonces, a un impuesto, aunque no tengan la generalidad de un tributo nacional, como también defendió la senadora por Buenos Aires, o a un aumento de tarifas encubierto, como denunció la oposición.

Pero como el monto y destino de las inversiones quedan indeterminados los ataques no sólo fueron contra la discrecionalidad que se da al Ejecutivo, sino también a la falta de controles sobre los fondos que irán al fiduciario.

Ningún senador se opuso ayer a la necesidad de instrumentar un plan de obras en materia energética que prevenga de una futura crisis, pero sí cuestionaron la forma de financiación y la falta de controles en el fondo fiduciario que recibirá los cargos.

Votación

El peronismo consiguió finalmente imponer el proyecto por 37 votos a favor y 20 en contra no sin exponerse a un desgaste ante los argumentos del radicalismo sobre la constitucionalidad y legalidad de la delegación de facultades al gobierno -para fijar los cargos, el monto, las obras y el tiempo que regirán para construir gasoductos, redes de alta tensión y generación- y la posibilidad de sustituir la ley por otro sistema para financiar las obras. Sin duda el momento cumbre de la sesión fue el cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y el radical Ernesto Sanz. El jefe del bloque UCR había sostenido durante el debate la necesidad de aclarar que se estaba violando la legalidad al establecer un impuesto real sin nombrarlo y autorizando al gobierno a aplicarlo y cuantificarlo a su voluntad.

Cristina Kirchner tomó más tarde la palabra para defender la posición del gobierno y desafió a Sanz: «Seguramente escucharemos luego una propuesta superadora por parte del presidente de la bancada UCR que estamos dispuestos a debatir, éste es el proyecto que nosotros tenemos para comenzar a construir las obras necesarias», dijo. «El gobierno puede hacer gala de la defensa de los usuarios y consumidores», lanzó para desmentir que se estuviera ante una suba de tarifas.

«Si alguien tiene un plan de financiamiento para realizar las obras mejor del que presentamos, estamos dispuestos a escucharlo, si es necesario me quedo hoy a la noche y mañana a escucharlo.»

Sanz, que cuestionaba no el hecho sino la forma en que se instrumentaba el financiamiento, consiguió no quedar preso de la estrategia de Cristina y siguió en su ataque a la falta de legalidad de la medida.

No fue el radicalismo, de todas formas, el único crítico del proyecto: «Es un cheque en blanco que disminuye la calidad institucional que no permite, salvo en la ficción, el control de los fondos públicos», dijo el sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá. El socialista santafesino Rubén Giustiniani siguió en esa línea: «A esta ley le falta nombre y apellido: Julio De Vido», cuestionó, algo que luego repitió el radical independiente Rodolfo Terragno que atacó constantemente el proyecto por inconstitucional.