Las cámaras y colegios que representan a los abogados, escribanos, inmobiliarias e industria de la construcción pidieron al gobierno que se flexibilice el «cerrojo» financiero para que se puedan movilizar fondos que permitan efectuar operaciones comerciales. En un encuentro que tuvo lugar en la sede del Colegio de Escribanos, los profesionales solicitaron que «se permita la movilización de fondos, aunque sea a través del 'corralito'» para poder comercializar. En la oportunidad, el titular del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, José María Fernández Ferrari, informó que la entidad pidió una audiencia con el presidente Eduardo Duhalde para «que nos tengan en cuenta en la concertación y podamos salir de esta grave crisis». Atilio Alterini, del Colegio de Abogados, dijo que «ayer promovimos una acción de amparo que parece grotesca, pero es un pedido de volver al 'corralito', para movilizar fondos».
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«El 'corralito' secó la plaza de moneda, pero permitió los negocios con el cheque cancelatorio. Pero ahora hasta 2005 los fondos están inmovilizados y así no se podrá operar», reflexionó. Dijo que «los abogados y escribanos tenemos depositado en los bancos dinero de terceros por razones de seguridad y ahora no se puede sacar», se quejó.
Ejemplificó que «ayer (por el lunes) vencía el Impuesto a los Sellos en la provincia de Buenos Aires y el fisco tuvo que dar una prórroga de vencimiento. Estas medidas (de inmovilización de fondos) afectan a la gente, a los profesionales y al fisco», reflexionó y destacó que «éste es el 'corralito' más el plus que afecta el derecho de propiedad», expresó, y se quejó afirmando que «la Corte Suprema de Justicia avaló el corralito y ahora tenemos esta absurda indisposición de fondos».
Respecto de lo dispuesto por la Ley de Emergencia Económica en cuanto a la pesificación de deudas inferiores a 100 mil pesos y el posterior acuerdo al que deben llegar entre sí deudores y acreedores, los que en caso contrario deben recurrir a la Justicia, Alterini puso en duda el accionar de los jueces, los que a su criterio van a estar «atascados y desbordados» de reclamos. Por su parte, Héctor D'Odorico, de las Cámara de Inmobiliarias, convocó a una concentración del sector que a media tarde, pasadas las 16, se movilizó de la sede de la entidad, en Independencia al 900, a la Plaza de Mayo para entregar un petitorio para que se levante el 'cerrojo'. «Esta falta de flexibilización de los fondos afecta a 20 mil inmobiliarias de todo el país», expresó. Cuantificó que «hay 15 millones de argentinos que viven en propiedad horizontal que no pueden pagar sus expensas». «¿Quién va a vender una casa si le pagan con un plazo fijo que vence en 2005?», se preguntó. También estimó que si se autoriza un instrumento de pago no sólo se podrán pagar operaciones inmobiliarias sino servirá para pagar insumos para la construcción y abonar salarios.
En tanto, Munir Madcur, de la Cámara de la Construcción, dijo que la inmovilización de fondos afecta a más de 56 empresas constructoras y recordó que el sector perdió 120 mil puestos de trabajo en los últimos dos años.
Sostuvo que «en el ámbito de la construcción privada no hay inversión y en materia de la construcción pública, el sector sufre severas restricciones». Tras indicar que el plan de infraestructura sólo cuenta con siete obras viales, dijo que la cámara abogó por la construcción de viviendas, que serán financiadas por el Estado y vendidas luego a particulares.
