El gobierno de Mariano Rajoy anunció que propondrá a la banca que permita la "dación en pago", es decir la entrega de la vivienda para saldar una deuda hipotecaria a las familias en riesgo de exclusión, una posibilidad que ya contempla la ley pero que no se aplica en España.
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Por increíble que parezca, en la actualidad los deudores pierden su vivienda y además mantienen parte de la deuda y sus intereses y lo que propone el Gobierno como "solución" a la terrible crisis es que le salden la deuda a cambio de quedar en la calle.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó en el Congreso de los Diputados que esta medida estará incluida en el "Código de Buenas Prácticas" para las entidades financieras que impulsará el Ejecutivo. Pero la iniciativa del gobierno respecto a la dación de pago, un antiguo reclamo de las organizaciones sociales que se extendió durante la crisis con las protestas de los "indignados", no es una ley sino un catálogo de recomendaciones que la banca no estará obligada a cumplir.
Ya son más de 330.000 las familias que fueron desahuciadas tras sufrir ejecuciones hipotecarias en los últimos años. No obstante, la movilización ciudadana promovida por esta plataforma, con ayuda del movimiento 15-M, evitó también que decenas de familias fueran expulsadas de sus hogares.
El método utilizado fue el escudo humano, que en algunos casos resultó y en otros no, pero que se convirtió en un símbolo de solidaridad en medio de la grave crisis que atraviesa España. Los desahuciados son la consecuencia más dramática de una crisis que dejó ya más de cinco millones de desocupados, quienes al no poder pagar sus hipotecas se quedan en la calle.
En España, cuando una persona que compró su vivienda a través de un crédito hipotecario no puede pagarlo, su inmueble es subastado y como no hay comprador en el mercado por la situación de crisis, el banco se lo queda pagando el 60% de su valor de tasación.
La propuesta del Ejecutivo, según de Guindos, está pensada para las personas debajo del "umbral de exclusión", lo que contempla a "las familias con todos sus miembros desempleados y con bajos ingresos", aún por determinar. Además, el ministro sostuvo que "deberá tratarse de la primera vivienda" y se tomarán precauciones "para que no haya una situación de acogimiento abusivo o fraudulento".
En cuanto a los desahuciados, el gobierno propone a los bancos que den un plazo de al menos dos años a las familias que ya no pueden pagar su deuda hipotecaria antes de recurrir al desalojo.
El plazo podría ser prorrogable y durante el período de carencia, el afectado tendría que pagar una renta justa a la entidad, precisó el titular de la cartera de Economía, interpelado por el diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, sobre las medidas que el Ejecutivo iba a tomar ante los abusos de las entidades financieras.
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