Estado postergaría hasta 2002 pago de servicios

El secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, propondría a las empresas de servicios públicos el diferimiento hasta el año próximo de las facturas impagas por reparticiones estatales entre julio y setiembre, cuyo monto rondaría los 160 millones de pesos.

La propuesta fue presentada en términos generales a algunas de las compañías privatizadas que ahora están a la espera de una convocatoria formal y de más precisiones sobre el acuerdo que eventualmente se firmaría. Así surge de fuentes de algunas de las empresas de servicios públicos, mientras en otras se desconoce que exista una iniciativa de esta naturaleza.

La mayor parte de la deuda, 140 millones de pesos, se concentra en las empresas Telefónica y Telecom, le siguen Aguas Argentinas, las eléctricas Edenor y Edesur y finalmente MetroGas. El problema empezó a presentarse en el segundo semestre, cuando las reparticiones estatales tuvieron un recorte de 30% en sus presupuestos, y algunas decidieron dejar de pagar las facturas de los servicios. Se afirma que las mayores deudas son de la Policía Federal y de la Universidad de Buenos Aires.

Las empresas privatizadas evitaron por ahora el recurso del corte del suministro por razones políticas, pero, según sus voceros, no pueden seguir acumulando deuda, porque los problemas de pago se repiten en las provincias y en los municipios, y esto les estaría afectando el capital de giro.

Para las empresas, además, la mora del Estado en sus distintos niveles sentaría un precedente peligroso si no toman medidas, ya sea negociando la forma de pago de la deuda o interrumpiendo el suministro, porque corren el riesgo de la incobrabilidad o de verse obligadas a una quita de la deuda con el paso del tiempo.

Visto desde este punto de vista, la intención de Baldrich de diferir pagos para el año próximo no es la peor de las noticias para las compañías privatizadas. No obstante, todavía faltaría definir algunos aspectos determinantes, como la tasa de interés y el número de cuotas.

Pero uno de los problemas de este esquema es que las empresas aspiran a que se cierre un paquete de la deuda acumulada entre julio y setiembre, y se defina la forma de pago para el año próximo, pero quieren asegurarse que cobrarán las facturas siguientes en forma regular. Y esto Baldrich no puede asegurarlo, porque cada repartición paga sus propias cuentas.

De todas formas, un acuerdo para diferir el pago de las deudas acumuladas a setiembre, también evita el costo de pasarlas a incobrables, lo que incidiría negativamente en el cuadro de resultados de las empresas.

El otro gran problema de esta propuesta es que el Tesoro no puede hacerse cargo a través de rentas generales de los pagos de las cuotas, porque en ese caso ninguna repartición pagaría los servicios y eludiría de alguna manera el recorte de gastos impuesto tras lanzarse el déficit cero. De este modo, la negociación podría ser global con la Secretaría de Hacienda, pero ésta debería restar los recursos de cada una de las reparticiones de las partidas presupuestarias del próximo año, lo que podría generar nuevos conflictos.

Entre tanto, algunas de las compañías están negociando ya por separado con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff, quien pidió una extensión de los vencimientos. Pero cualquier acuerdo quedaría supeditado a que la UBA pague la deuda atrasada, o por lo menos acuerde un plan de pagos y lo cumpla.