Estudian prohibición ahora de horas extra

Dentro de algunas entidades que representan a las empresas privadas, había ayer preocupación por una versión atribuida a ámbitos oficiales. Un día después de haber impulsado el aumento de 50 pesos para el salario de los trabajadores privados en relación de dependencia, el gobierno analiza otra medida laboral para el mismo sector. Desde los ministerios de Economía y de Trabajo se estudia la posibilidad de prohibir la aplicación de horas extra y la obligación para las empresas de respetar la jornada de trabajo de 8 horas. Con esta medida el gobierno busca que las empresas privadas que tendrían en teoría mejoras en la demanda interna y la productividad pero cubren las necesidades laborales con más horas de trabajo de los empleados que están actualmente en sus plantillas, a tomar nuevas personas.

Aparentemente la visión del Poder Ejecutivo es que con esta decisión, que lógicamente se tomaría antes de las elecciones del 27 de abril o eventualmente antes de la segunda vuelta del 18 de mayo las empresas que gozan de la recuperación de la que habla Roberto Lavagna tomarían sí o sí nuevos trabajadores. Según Economía, habría un aumento en la productividad de 9% en los últimos meses, acompañado por una mejora en la demanda interna de más de 30%, que se extendería a todos los sectores de la economía y no sólo a las empresas exportadoras y las que se dedican a sustituir importaciones.

Desde las empresas privadas se piensa en realidad que la demanda laboral, que por ahora está divorciada de cualquier número de crecimiento de la productividad que muestre el gobierno, depende de la falta de seguridades sobre que esta teórica reactivación se mantenga en el mediano plazo. Sólo con cierta garantía de un mantenimiento en el crecimiento de la demanda una empresa decidiría tomar más personal. Todo esto además de la necesidad de pensar en menores costos laborales para estos empleados.

Desde la cartera de Camaño se asegura que no habría costos extras para las empresas privadas en estos casos, ya que está vigente la posibilidad de que los empleados nuevos que se incorporen a las plantillas laborales, no estén dentro del régimen de doble indemnización. Esta medida rige desde enero de este año, e implica que cuando una compañía incorpore un trabajador no está obligado a liquidar dos veces la indemnización. Este sistema termina en junio, y tendrá que ser también una cuestión que deberá resolver el próximo gobierno.

•Aplicable

Según los asesores legales del Poder Ejecutivo, la suspensión de la posibilidad de recurrir a las horas extra por un lapso de tiempo determinado (podría ser hasta julio o agosto de este año) sería legalmente aplicable, ya que se ampararía en los límites de la ley de emergencia económica con que gobierna Duhalde desde que fue designado por la Asamblea Legislativa. La única restricción, al igual que el aumento de los 50 pesos y la doble indemnización, es que son medidas que tendrían que regir únicamente mientras dure la emergencia económica. Este ley terminaría en diciembre de 2003 y se aplica desde enero de 2002.

Según se entusiasman en el gobierno, este tipo de medidas debería ayudar a que reaccione un mercado laboral que por ahora muestra mayores signos de reactivación. Según los datos oficiales, 17,8% de la población activa está sin trabajo; porcentaje que superaría 22% si no se toman en cuenta los beneficiados por los Planes Jefas y Jefes de Hogar.