Europarlamento pedirá a la UE que suspenda ventajas comerciales a la Argentina

La Eurocámara pidió una respuesta de la Unión Europea (UE) a la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51 % de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, por considerar que representa un peligroso precedente para los inversores e intereses europeos.

En un debate de urgencia convocado a raíz de la decisión argentina, los grandes grupos políticos del hemiciclo han consensuado una resolución conjunta que votarán este viernes y en la que piden que se estudie suspender parcialmente las ventajas arancelarias que la UE concede a Argentina.

Asimismo, piden que se utilicen el acuerdo entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), para presionar contra una decisión que la mayor parte de los eurodiputados consideran injusta.

Los Verdes y la Izquierda Unitaria se han desmarcado del Partido Popular Europeo (PPE), los socialistas (S&D) y los liberales (ALDE) a la hora de hacer frente común con España y sus intereses, y han pedido el respeto a que Argentina gestione sus propios recursos con libertad.

El comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, ha señalado al inicio del debate que una misión de su departamento que debía reunirse con empresarios argentinos la próxima semana ha decidido cancelar los encuentros "porque claramente Argentina ha creado un clima que no es proclive".

Tajani se ha mostrado a favor de "estudiar todas las opciones" e "incluso un mecanismo de resolución de disputas".

Entre otras acciones, los eurodiputados piden incluir una "posible suspensión parcial" de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario.

Un esquema del que la Comisión ya tenía programado excluir a Argentina en 2014, junto a otros Estados, al considerar que su nivel de riqueza es lo suficientemente elevado como para seguir disfrutando de esas ventajas.

Según fuentes comunitarias, no obstante, la lista de países beneficiarios de esas medidas -que se otorgan a los Estados que cumplen con requisitos relacionados con el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, a fin de ayudar a su desarrollo- "no se decide de un día para otro".

La Comisión Europea también descarta la vía del mecanismo de resolución de disputas de la OMC, dado que no tiene competencias para el caso de inversiones.

En el debate parlamentario, el eurodiputado español del PP Jaime Mayor Oreja ha vuelto a calificar la decisión de Buenos Aires de "arbitraria e ilegítima" y ha llamado la atención de que se trata de un "inquietante precedente para los inversores europeos".

"Este no es un contencioso entre Argentina y España", ha apuntado Mayor Oreja, que ha considerado que el mejor instrumento para hacer frente a Argentina será "la fortaleza de la UE".

El socialista español Enrique Guerrero (PSOE) ha señalado por su parte que "tras una semana de errores de juicio y cálculos equivocados" se ha producido una expropiación que, a su juicio, "se podría haber evitado".

"Hay que dar una solución proporcionada, que evite una escalada de confrontaciones entre la UE y Argentina", ha advertido.

Tanto Izaskun Bilbao, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), como Francisco Sosa Wagner, de Unión Progreso y Democracia (UPyD), han condenado igualmente la expropiación en la línea de los grandes grupos conservador y socialista del Parlamento Europeo.

En el debate, abierto a todos los grupos y eurodiputados que quisieran intervenir, solo han participado españoles, a excepción del eurodiputado francés de la Izquierda Unitaria Patrick Le Hyaric, que ha defendido la expropiación anunciada por la presidente argentina, Cristina Fernández.

Este eurodiputado ha sostenido que Argentina solo quiere recuperar su soberanía y beneficiar a su pueblo con la expropiación.

"Dejemos que Argentina siga siendo dueño de su propio destino", ha pedido Le Hyaric

De la postura mayoritaria también se han desmarcado el eurodiputado catalán Raúl Romeva ("Iniciativa per Catalunya Verds") y la gallega Ana Miranda ("Bloque Nacionalista Galego").

"Se habla mucho de seguridad jurídica pero Repsol no cumplió sus compromisos de inversión y provocó una drástica caída de crudo y gas en un país que se ve obligado a importarlos aunque podría abastecerse solo", ha apuntado Miranda.

"Defendemos el derecho del pueblo a ejercer su soberanía para gestionar sus recursos", ha añadido la eurodiputada del BNG, que ha apuntado igualmente que se están "confundiendo los intereses de una empresa (Repsol) con los de un país (España).