Evoluciona el caso Greco

Felisa Miceli

El casi olvidado caso Greco -ese escándalo por el que Felisa Miceli envió casi a escondidas al Congreso un pedido de autorización para emitir bonos destinados a cancelar una cuestionada deuda con ese ex grupo mendocino, que fue frenado por la oposición en el Senado- sigue evolucionando dentro del Estado, aunque no se entienda aún hacia dónde.

En abril de este año, se supo que en las cuentas de inversión de 2004 y de 2005 el Estado tenía previsionado por incobrable al Grupo Greco. Un hecho casi increíble cuando al mismo tiempo el Estado intentaba avanzar con un pago a ese grupo por u$s 200 millones y con la duda sobre si los abogados que habían defendido al Estado en esa causa no habían cometido algún delito.

En términos más llanos, esto significa que en la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo hace cada año sobre la ejecución de gastos y utilización de los recursos de esos años aparecen los Greco como deudores del Estado, al mismo tiempo que se les intentó pagar.

Sin corrección

Después del escándalo, las denuncias penales de la propia Miceli para que se investigue el accionar de su propio ministerio en esa causa, las presentaciones de su oposición y hasta finalmente la salida de la ministra de su puesto, se esperaba alguna corrección del Estado en estas cuentas o, al menos, que se aclarara en concepto de qué fueron catalogados como incobrables los herederos del grupo mendocino, habida cuenta de que sus abogados siguen intentando cobrar esos casi $ 600 millones al Estado.

Pero no fue así: en la cuentade inversión correspondientea 2006 -ingresada al Congreso en junio de este año-, los Greco vuelven a aparecer como incobrables «$ 10.184.800,00 correspondientes a la Intervención Ley Nº 22.229 Grupo Greco», es decir, por un monto superior todavía al consignado en años anteriores.

El monto por incobrabilidad asignado en las planillas de las cuentas de inversión de esos años es mucho menor que el saldo de la deuda reclamada por los Greco al Estado, pero marca claramente que en los registros oficiales aparecen como deudores, algo que ningún funcionario de Economía pareció haber notado, a pesar de que esa cartera precisamente es la que elabora la cuenta de inversión de cada año.

Las dudas, entonces, no solo persisten, sino que se siguen acrecentando, especialmente sobre cómo actuaron los funcionarios de las dos últimas administraciones a la hora de convalidar a la deuda a los Greco, son incorporar al análisis la deuda incobrable que el mismo grupo dejó en el Banco Central por redescuentos no liquidados del Banco de los Andes.

El razonamiento es llano: si el país es acreedor del grupo, ¿por qué termina pagándole a un deudor, sin siquiera incluir esa incobrabilidad en las liquidaciones judiciales? De hecho, la homologación de la sentencia de pago a los Greco fue aceptada por el Estado en el juzgado de Francisco de Asís Soto condenandoal Ministerio de Economía a cancelar $ 332 millones que luego con actualizaciones y astreintes llegó a la cifra del escándalo de $ 578 millones, liquidación que aún es investigada en la Justicia, aunque sin demasiada pasión.

No se explica que la misma administración que incluye en la lista de incobrables a los Greco, aunque fuera por un monto menor, acepte un pago judicial a éstos. Pero, menos, que se los haya incluido en esa lista de incobrables cuando, supuestamente, se les estaba reconociendo a su favor una cifra millonaria.

Pero no es el único ítem en el que se analizan deudas que los Greco mantenían con el Estado. Los abogados del Ministerio de Economía anteriores a la gestión de Yolanda Eggink -encargada del área legal del Ministerio de Economía que tenía a cargo la causa Greco en épocas de Roberto Lavagna- ya le dijeron a este diario en febrero pasado que el Estado no pagó antes a los Greco la deuda que ellos reclaman porque éstos nunca cumplieron con las obligaciones que habían tomado en el acuerdo firmado con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987.

Por eso no extraña que en la liquidación final que los abogados oficiales convalidaron ante la Justicia no se hayan considerado los pagos que hizo el Estado a cuenta de deudas de los Greco, algunas para mantener sus empresas o para cubrir a acreedores.