12 de junio 2020 - 00:02

Vicentin: expropiación suma rechazo del sector empresarial

La respuesta fue prácticamente en bloque, en contra de la posible expropiación de Vicentin

en default. Vicentin tiene deudas de poco más de u$s1.350 millones, de los cuales alrededor de u$s300 millones son con el Banco Nación.

en default. Vicentin tiene deudas de poco más de u$s1.350 millones, de los cuales alrededor de u$s300 millones son con el Banco Nación.

Sebastián Granata / Télam

La respuesta fue prácticamente en bloque. Los empresarios argentinos se encolumnaron en contra de la posible expropiación de la firma agroindustrial Vicentin y la polémica continúa abierta.

Durante esta semana las principales cámaras sectoriales emitieron comunicados en los que sentaron su posición, uno de las más contundentes llegó de la mano del Foro de Convergencia Empresarial quien solicitó al Congreso y al Poder Judicial que “dentro del marco de acción que la Constitución Nacional prevé para cada uno de ellos, actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina”.

Prácticamente en la misma línea y dejando en claro el rechazo a la intervención planteada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también se manifestaron desde otras cámaras como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el Centro Azucarero Argentino, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otras.

En tanto, algunas respuestas particulares bajaron el tono a partir del encuentro del Presidente con las autoridades de Vicentin, tal es el caso del empresario Martín Cabrales, quien en diálogo con Ámbito afirmó: “No me quiero adelantar porque estamos en pleno proceso y las partes están dialogando. Por lo pronto, creo que el Estados tiene que buscar lo mejor para el bienestar nacional pero siempre respetando la división de poderes, los procesos judiciales y la Constitución. Se entiende y me parece bien que se quieran resguardar los puestos de trabajo, pero no se debe dejar de lado todas esas cuestiones”.

Por su parte, el presidente de la Copal y vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja detalló: “La posición que tomamos en Copal es la línea de la legalidad. La legalidad es que hay un concurso judicial y debe resolverse dentro de ese concurso. No hago una valoración de conducta, eso le corresponde a la justicia. La segunda postura es la reivindicación del rol del espacio de la actividad privada, la solución no es estatizar, sino que los privados compitan entre si. Mucho más cuando se alude a controlar el mercado de granos y el mercado de cambios”.

Quizás abriendo una grieta dentro de la propia UIA, uno de sus miembros, el empresario José Urtubey manifestó en una entrevista con este diario en la que se refirió expresamente a la estatización de la firma agroindustrial: “Está claro que el Gobierno no se está haciendo cargo de la última joya de la abuela, se está haciendo cargo de un problema”.

Urtubey fue más allá y echó por tierra los argumentos que se refieren a la ilegalidad de la expropiación de la compañía al afirmar: “Es importante enmarcar que es una decisión acorde a las normativas vigentes. Es decir, es un instrumento jurídico que está previsto desde el año 1853”.

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