Fiscal cita a empleados por la destrucción de documentos

Personal policial, enviado por el juez, retiró ayer documentación de la sede del INDEC en el marco de la investigación por irregularidades en la confección de datos estadísticos.

Por primera vez desde hace seis meses, cuando comenzó la intervención del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la manipulación de las estadísticas en el INDEC, la Justicia estaría avanzando con su investigación.

La prueba está en toda la documentación que retiraron de oficinas del organismo los técnicos especializados de la Policía Federal y personal judicial enviados por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Sin embargo, fuentes del juzgado sostuvieron que «no fue un allanamiento», como trascendió, sino que se trató de «una orden de presentación de documentación». La diferencia está «en que ante este pedido de documentación se contó con la voluntad del requerido», confesaron esas fuentes.

La finalidad sería avanzar con la investigación que comenzó el fiscal federal Carlos Stornelli en junio y a partir del análisis de toda esta documentación Canicoba Corral decidirá si finalmente citará al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para tomarle declaración indagatoria.

También se decidirá si es necesario citar al resto de los sospechados por Stornelli de presunta violación del secreto estadístico y manipulación de los índices públicos como el de inflación. Entre estas personas se encuentran Ana María Edwin, quien ayer asumió al frente del INDEC luego de la renuncia de Alejandro Barrios (ver nota aparte); Beatriz Paglieri, «la interventora» o directora del IPC impuesta por Moreno desde que se inició el conflicto; y los tres «data entry» (personal que ingresa datos) que esta última introdujo en el IPC para borrar los precios de los productos que superaban el límite deseado por el gobierno.

Requisa

Fuentes del INDEC dijeron ayer a este diario que a las 10 llegó un secretario del juez Canicoba Corral con la «orden de presentación de documentación» para retirar toda la información que se considera necesaria para avanzar en la causa. Estaba acompañado por 17 personas más entre las que se encontraban técnicos de la Policía Federal y Prefectura, algunos especialistas en informática.

A las 14.15 se retiraron del INDEC con documentación entre la que se encontraban los formularios de los encuestadores del IPC, los antiguos y los más recientes.

Pero además de llevarse documentación del 3° piso donde funciona el IPC, también se dirigieron al 4° piso, donde se calculan los precios de los supermercados y centros de compras, y por el 6° piso, donde se encuentra la oficina de sistemas y donde los especialistas hicieron una copia de toda la información.

«También se llevaron las computadoras de Paglieri y de los tres ingresadores de datos que habían llegado con ella al organismo, además de las claves del sistema», sostuvieron los técnicos.

Todo indica que el juez Canicoba Corral no se concentrará solamente en investigar las manipulaciones en el cálculo de la inflación sino que avanzará sobre otras estadísticas cuestionadas, entre las que se podrían encontrar la pobreza y la indigencia, que releva el sector de Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esta oficina fue cuestionada últimamente por el desplazamiento de su directora Cynthia Pok, por negarse junto a 17 técnicos más a calcular el indicador semestral de pobreza por tener que utilizar como base la canasta básica manipulada.

El personal judicial impidió que la cuestionada Paglieri ingresara a su oficina. Lo cierto es que la destrucción de documentación del IPC que llevaron a cabo el martes varios directores del INDEC en la oficina de Paglieri, ante las versiones que circulaban sobre un allanamiento, no tuvo nada que ver con la decisión de retirar ayer una gran cantidad de documentación.

La destrucción de información está siendo estudiada en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que conduce Manuel Garrido, y por la Fiscalía Federal a cargo de Stornelli. Así lo adelantaron tres empleados del INDEC que fueron testigos de la trituración de los documentos públicos el martes y que ya fueron citados y declararon ayer ante Garrido. Además, las citaciones continuarán hoy y, según la fuente, «es el turno de los dos policías que custodiaban las bolsas de residuos con los desechos de papel en su interior, y de la secretaria de Paglieri».