Fiscal se opone a acuerdo por deuda de CableVisión

La fiscal federal Alejandra Gils Carbó dio el viernes un duro golpe a la compra de CableVisión por parte del monopolio «Clarín»: la funcionaria judicial, en un extensísimo dictamen de 78 páginas de fundamentos, le pidió al juez que se rechace la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de la mencionada empresa de TV por cable, y que además se declare inconstitucional dicho acuerdo. El dictamen hace además la reserva de que, «para el caso de que la sentencia que se dicte sea contraria a las normas constitucionales invocadas u omita tratar los planteos introducidos por el Ministerio Público Fiscal dejó formulada reserva de plantear la cuestión federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.»

El acuerdo entre la empresa y sus acreedores había sido homologado por un juez aduciendo que CableVisión estaba excluida de los alcances de la denominada «Ley Clarín» (que impide a acreedores extranjeros acceder a la propiedad de empresas consideradas «bienes culturales» a través del canje de deuda por acciones).

La operación, sin embargo, permitió que el fondo acreedor Fintech se convirtiera en principal accionista de CableVisión, para luego permitir el ingreso (o sea la compra de la mayoría accionaria de esa empresa) por parte de Multicanal, la empresa de TV por cable del monopolio «Clarín».

Apelación

La sentencia del magistrado fue apelada por los acreedores Javier Vendramín, Luis Alvarez Poli Petrúngaro y Rodrigo Patrón Costas, aduciendo que el APE sólo abarca las deudas contraídas con titulares de obligaciones negociables emitidas en 1999 y 2000, alegando que «es inverosímil que la empresa careciera de capacidad económica para afrontar sus obligaciones catorce meses después de la emisión de los títulos.»

Los accionistas de CableVisión pretendieron con el APE -dicen los recurrentes- «hacer recaer los efectos de su cesación de pagos sólo en cabeza de los acreedores financieros, en beneficio de los comerciales, porque muchos de ellos son empresas vinculadas y/o subsidiarias de los accionistas de CableVisión».

También aseguran que Cable-Visión «no contaba con las mayorías legales del APE al formalizar su presentación inicial y que sólo pudo obtenerlas luego de que el juez ordenara la realización de una asamblea de bonistas en el país, con el fin de permitirle negociar la recompra del crédito del principal acreedor con poder bloqueo, el fondo buitre 'Huff'».

En la causa también intervino el juez Claudio Bonadío, quien en 2001 ordenó una medida cautelar «prohibiendo a las autoridades del COMFER que dicten resoluciones definitivas que impliquen cambios de titularidad en la concesión de licencias de televisión por cable, hasta que concluya una investigación vinculada a las leyes de Radiodifusión Nº 22.825, de Lavado de Dinero Nº 25.246 y de Preservación de Bienes y Patrimonio Culturales Nº 25.750.» Sin embargo, la orden de Bonadío no fue acatada porque el COMFER aprobó la emisión de acciones « clase B», que permitía el arreglo entre CableVisión y sus acreedores.

«Ni los accionistas ni los administradores presentantes del APE podían justificar esa calidad, en virtud de la mencionada medida cautelar. Si bien un nuevo juez revocó en 2005 la prohibición dictada por el juez Bonadío, eso no modifica la circunstancia de que el COMFER autorizó lo que no podía autorizar», añaden.

La medida dictada por la fiscal se suma al hecho de que las autoridades nacionales aún siguen sin aprobar la fusión entre Multicanal y CableVisión, pese a lo cual ambas empresas de TV por cable ya actúan como una sola unidad de negocios. De hecho -como todos los abonados han podido comprobar- unificaron sus grillas de programación, de distribución de señales y hasta la revista que era sólo de Multicanal y que ahora venden a sus clientes de CableVisión, en reemplazo de la gratuita que entregaba esa empresa antes de ser absorbida por «Clarín».

Como dijo una alta fuente del mercado de TV paga: «Es una situación conveniente para las dos partes: 'Clarín' actúa como si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hubiera aprobado la fusión, y el gobierno 'mira para otro lado' guardándose la carta de la no aprobación para futuras consideraciones». Todo dicho.