A casi tres meses de haber comenzado el sistema de factura de crédito (FC) y cuando más de 50% de las operaciones comerciales deberían estar implementándose con este mecanismo, su uso es prácticamente nulo. Por eso, el gobierno ahora decide flexibilizar su implementación. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce Alberto Abad, estableció el viernes pasado un procedimiento por el cual se exime del uso de la factura de crédito cuando un contribuyente desarrolle más de una actividad o cuando recién comienza a operar. A través de la Resolución General 1.344, a estos dos casos en los que no habrá obligación de emitir este tipo de factura se sumará también la situación de aquellas empresas o particulares que, luego de transcurridos cuatro meses desde el inicio de las actividades, la proyección anual de facturación supere los límites vigentes del régimen. Actualmente éstos son 9 millones anuales para la actividad agropecuaria, 36 millones para la industria y minería, 72 millones para el comercio y 18 millones para los servicios. Mientras tanto, el sistema continúa languideciendo. En total se concretaron en los tres primeros meses de vida del régimen menos de 5% de las operaciones que en teoría eran obligatorias.
•Artilugios
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En 95% de los casos el mercado creó toda una serie de artilugios para evitar la obligación de operar con esta factura.
En teoría, casi todas las transacciones de más de 500 pesos que se paguen a un plazo mayor a 30 días deben efectuarse obligatoriamente con este tipo de documento.
La idea del gobierno al lanzar este régimen era facilitar el acceso al crédito para las PyMEs. A esto se llegaría porque cuando una empresa difiera el pago de una transacción estaría obligada a recibir una FC, emitiendo un recibo que el proveedor podría utilizar para acceder a préstamos o entregar a un banco, que a su vez se encargaría de su cobro.
•Penalidades
Las empresas que no acepten el uso de las FC están legalmente penalizadas con la imposibilidad de computar el crédito fiscal para el IVA en esas operaciones, además de no poder deducir los gastos en el Impuesto a las Ganancias. Teóricamente sólo quedaban excluidas del uso de las FC algunos sectores como el cerealero, droguerías, diarios y revistas, seguros, contratistas de obras públicas, hotelerías y telefonía celular entre otras.
En el caso de los supermercados, que a priori eran el rubro donde más factible era el uso potencial de las facturas de crédito, los jefes de compras de las grandes cadenas y tiendas obligaron a sus proveedores vía comunicación escrita a colocar facturas con un plazo menor a los 30 días para no entrar en esta obligación. Sin embargo, el pago se realiza en los tiempos habituales y que generalmente exceden los 40 días de plazo.
Otro mecanismo utilizado, fundamentalmente en el caso de las grandes cadenas entre sí y con sus proveedores, es que en lugar de las FC el comprador emita un cheque de pago diferido cuando reciben la mercadería. Por eso está aumentando el mercado secundario de ventas de estos cheques, precisamente la operación que quería limitar Economía con este tipo de instrumentos.
