FMI: negocian ya un nuevo miniacuerdo por ocho meses

El gobierno definirá con el Fondo Monetario esta semana el plazo del nuevo acuerdo. Sería de ocho meses, hasta febrero próximo inclusive, y lo más importante: no habrá compromiso inmediato de reformas estructurales. Sólo se exigirá un mayor superávit fiscal primario (del orden de 3,5%) y completar la renegociación de la deuda con acreedores. Se prorrogarían todos los pagos de vencimientos con organismos. Sólo hasta diciembre hay u$s 8.400 millones. En Washington comparten la idea de encarar un acuerdo de largo plazo recién el año que viene, cuando esté claro de qué forma se reestructurará la deuda. El subdirector del Departamento Occidental del organismo, John Dodsworth, llegará mañana y próximamente se radicará en la Argentina.

El Ministerio de Economía ya dio los primeros pasos para negociar una prórroga del actual acuerdo con el FMI, hasta marzo de 2004. La fórmula para simplificar el proceso consistiría en una simple extensión del miniacuerdo en curso con el organismo internacional, cuyo vencimiento se produce el 31 de agosto.

El nuevo programa de corto plazo se definirá esta misma semana, cuando arribe al país el subdirector del departamento occidental del Fondo, John Dodsworth, quien además se radicará y se hará cargo de una oficina específica que analiza el caso argentino.

La extensión del acuerdo vigente le daría un fuerte alivio al gobierno de Néstor Kirchner, ya que básicamente le permitiría refinanciar en forma automática todos los vencimientos con organismos multilaterales hasta marzo de 2004.

El programa, básicamente, extendería las metas fiscales y monetarias que deberá respetar el gobierno hasta los primeros meses del año que viene. En cambio, tendría muy pocos compromisos nuevos de reformas estructurales, que quedarán para un próximo acuerdo de largo plazo.

• Argumento

Ambito Financiero había adelantado hace tres semanas la intención de conseguir un nuevo acuerdo de muy corto plazo, posibilidad que ahora fue reconocida públicamente por el ministro de Economía, Roberto Lavagna. El argumento, que comparten tanto Economía como el FMI, es que sin un avance muy concreto sobre la reestructuración de la deuda no tiene sentido avanzar con programas de largo plazo.

Esta prórroga por 180 días que procuran establecer las partes le daría tiempo al gobierno entrante a acomodarse y plantear con un horizonte más claro temas clave, como la propuesta a los acreedores o la situación de las tarifas públicas.

El principal obstáculo que debería salvarse para conseguir este nuevo miniacuerdo (en realidad sólo sería una prolongación del actual) está en las propias oficinas del FMI. Puntualmente, quien mantiene la postura del «todo o nada» es la número dos del organismo, Anne Krueger. La «dama de hierro» exige que se acuerde un programa de largo plazo (con reformas estructurales serias comprometidas por la nueva administración) o, de lo contrario, que se caiga la negociación.

Sin embargo, el director gerente del organismo, Horst Köhler, y el director del Departamento Occidental, Anoop Singh, se muestran favorables a darle un nuevo plazo al gobierno, que al menos permita despejar los vencimientos más cercanos.

Desde ahora y hasta diciembre de 2003, los vencimientos de capital con organismos multilaterales llega a u$s 8.405 millones. Es el monto total que quedaría refinanciado, a lo que también debería sumarse lo que caiga los dos primeros meses de 2004.

Kirchner deseaba extender por un plazo más prolongado este miniacuerdo con el FMI y eludir todo lo posible un entendimiento de plazos más largos y con compromisos de reformas estructurales mucho más profundos. Sin embargo, el presidente brasileño, Inácio Lula Da Silva, lo convenció de la necesidad de llegar a un acuerdo de mayor plazo.

Además de Dodsworth, también están arribando a Buenos Aires otros técnicos del FMI que se concentrarán en algunas cuestiones que quedaron pendientes de la segunda revisión del acuerdo en curso. El tema que está trabando el visto bueno del organismo pasa por la nueva suspensión a las ejecuciones hipotecarias que definió el Congreso.