26 de noviembre 2001 - 00:00

FMI quiere más recortes de gastos

El gobierno espera definir a partir de hoy, con la misión del FMI en Buenos Aires, el proyecto definitivo del presupuesto nacional para 2002. El Fondo exigiría ahora la aprobación del proyecto con un programa de ajuste para el año próximo, que en la base es similar a los recortes de gasto que se conocieron en los borradores previos de la ampliación del presupuesto, como requisito para el desembolso de los u$s 1.264 millones que la Argentina esperaba para este mes. A pesar de que las discusiones con el organismo comenzarán hoy, todavía quedan por definir algunos puntos centrales del presupuesto. Por ejemplo, las idas y vueltas del gobierno en cuanto a la definición de esquema de planes sociales tuvieron detenida la redacción final de las planillas de gasto. Pero existe otro inconveniente superior. Domingo Cavallo anunció una pauta de gasto para 2002 de $ 42.150 millones y un nivel de ingresos similar. Desde ese momento, tanto la oposición como la mayoría de los economistas consideraron que la proyección de recaudación estaba sobreestimada, tomando en cuenta el efecto arrastre que tendrá la recesión de este año en la pauta de crecimiento de 2002. Por eso es que en primer lugar, Cavallo habría considerado una baja en esa estimación de hasta $ 1.500 millones, lo que obligará a aumentar recursos por otra vía o bien a recortar más el gasto, llegando a una baja de más de $ 9.000 millones, como habían estimado casi todos los economistas.

Esa reducción estaría integrada por la reducción en el costo de los intereses de la deuda, que Cavallo estimó en u$s 3.700 millones gracias al canje de bonos, aunque ese número todavía es discutido por los funcionarios del FMI. «Todo está por discutirse, no existe ninguna medida que hoy pueda desecharse, pero no hay confirmación de cómo se enviará el proyecto al Congreso», decía ayer uno de los negociadores. Bajo este esquema, el recorte de gasto primario de $ 3.800 millones anunciado por Cavallo debería incrementarse en, al menos, $ 1.000 millones.

Dentro de las medidas incluidas en el nuevo presupuesto 2002, y que en algunos casos fueron confirmadas oficialmente por el gobierno, se incluirá:

• No se renovará el Fondo de Incentivo Docente, lo que produce un ahorro presupuestario directo de $ 660 millones.

• El ajuste en las partidas de los ministerios vuelve al nivel original de los primeros borradores que se hicieron sobre un ajuste en el presupuesto, es decir que en total la poda será de $ 900 millones.

No existe hoy ningún contrato del Estado que tenga confirmación para renovarse más allá de enero de 2002.

De todas formas, se continúa con la reducción de 30% en los contratos especiales. Sólo por esa vía la poda llega a $ 37 millones.

El gobierno debe definir el gasto que insumirá el sistema de asignaciones familiares si definitivamente da marcha atrás con la reforma que había establecido Patricia Bullrich.

Pero queda por computar el ahorro administrativo en la ANSeS, que en su origen fue de $ 260 millones.

Con el nuevo esquema de financiamiento de la AFIP se confirmaría la eliminación del fondo estímulo para los empleados de ese organismo que ya había comenzado cuando se lanzó el recorte de 13% en los salarios de empleados de la DGI y Aduana. El ahorro a computar sería de $ 126 millones.

La reducción de los Aportes del Tesoro Nacional, el fondo político que maneja el Ministerio del Interior para asistencia a provincias y municipios, llegaría a $ 80 millones.

También se quiere limitar el costo de la prestación médica obligatoria, que se paga con aportes a las obras sociales, para producir una baja de $ 56 millones en el gasto.

Además habrá una baja de 10% en los contratos de asesoría técnica que se mantengan.

Se promete una reducción de $ 30 millones en los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Una poda de 30% recaerá en los gastos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Se reestructurará la Comisión Nacional de Energía Ató-mica, con un ahorro de $ 19 millones y se intentará la, varias veces fallida, privatización de las centrales nucleares.

Se reduce la garantía estatal del FONAVI a las provincias, de $ 75 millones a $ 60 millones mensuales.

El gobierno enviaría al Congreso un pedido para eliminar los subsidios y becas otorgados por diputados y senadores.

Por último, el gobierno va a computar un ahorro superior a $ 1.000 millones por la baja en las transferencias a provincias, producto del acuerdo fiscal ya firmado por casi todos los gobernadores.

Dejá tu comentario

Te puede interesar