FMI quiere más recortes de gastos
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• No se renovará el Fondo de Incentivo Docente, lo que produce un ahorro presupuestario directo de $ 660 millones.
• No existe hoy ningún contrato del Estado que tenga confirmación para renovarse más allá de enero de 2002.
• De todas formas, se continúa con la reducción de 30% en los contratos especiales. Sólo por esa vía la poda llega a $ 37 millones.
• El gobierno debe definir el gasto que insumirá el sistema de asignaciones familiares si definitivamente da marcha atrás con la reforma que había establecido Patricia Bullrich.
• Pero queda por computar el ahorro administrativo en la ANSeS, que en su origen fue de $ 260 millones.
• Con el nuevo esquema de financiamiento de la AFIP se confirmaría la eliminación del fondo estímulo para los empleados de ese organismo que ya había comenzado cuando se lanzó el recorte de 13% en los salarios de empleados de la DGI y Aduana. El ahorro a computar sería de $ 126 millones.
• La reducción de los Aportes del Tesoro Nacional, el fondo político que maneja el Ministerio del Interior para asistencia a provincias y municipios, llegaría a $ 80 millones.
• También se quiere limitar el costo de la prestación médica obligatoria, que se paga con aportes a las obras sociales, para producir una baja de $ 56 millones en el gasto.
• Además habrá una baja de 10% en los contratos de asesoría técnica que se mantengan.
• Se promete una reducción de $ 30 millones en los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
• Una poda de 30% recaerá en los gastos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
• Se reestructurará la Comisión Nacional de Energía Ató-mica, con un ahorro de $ 19 millones y se intentará la, varias veces fallida, privatización de las centrales nucleares.
• Se reduce la garantía estatal del FONAVI a las provincias, de $ 75 millones a $ 60 millones mensuales.
• El gobierno enviaría al Congreso un pedido para eliminar los subsidios y becas otorgados por diputados y senadores.
• Por último, el gobierno va a computar un ahorro superior a $ 1.000 millones por la baja en las transferencias a provincias, producto del acuerdo fiscal ya firmado por casi todos los gobernadores.



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