Avanza la misión del FMI (tercera semana): tiempo ahora de tarifas y revalúo

Economía

Cerrados los capítulos sobre las metas y objetivos del primer trimestre, se centrará la tarea en lo que sucederá en el resto del año.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la evaluación del primer trimestre del año entra en su tercera semana. Y a diferencia de los primeros 10 días de fiscalización virtual, donde lo que se controló fueron los números y porcentajes de metas y objetivos del período enero-marzo 2022, ahora se abre el capítulo más complejo: revisar los lineamientos hacia delante. Dicho con más precisión: el FMI quiere saber cómo piensa el Gobierno cumplir con lo pactado en el resto del año. No quiere decir que las respuestas que se den desde el Ejecutivo determinen la aprobación o no de la misión que está en ejecución, ya que para esto sólo habrá que cumplir lo comprometido para el primer trimestre. Sin embargo, si las respuestas que se den esta semana no son sólidas, podría determinarse que en el futuro el país tendrá dificultades para cerrar el acuerdo en lo correspondiente a este año y, eventualmente, podría haber exigencias más complejas en las futuras misiones. En el Ministerio de Economía confían, y creen que al menos por ahora todo esta “on track”, según la frase de uno de los protagonistas de los contactos con los hombres y mujeres del FMI.

Algo se está cumpliendo a rajatabla entre las partes. Las reuniones son virtuales y absolutamente discretas e imperceptibles para el ojo observador crítico del oficialismo que cuestiona el acuerdo; algo que desde el Palacio de Hacienda se reclamó hacia Washington. Y desde la capital norteamericana donde funciona la sede del FMI se aceptó. Lo último que se buscaba entre las partes (curiosamente de manera coincidente) eran polémicas políticas en los momentos de circulación de los fiscalizadores del FMI por las calles de Buenos Aires.

Confianza

Desde hoy uno de los capítulos a fiscalizar desde el Fondo será el tarifario, donde Economía cree tener los papeles en orden. Según la visión del ministerio de Martín Guzmán, se confía plenamente en que no habrá dificultades ya este año para cerrar el período de resoluciones previas, y avanzar en tiempo y forma desde el primero de junio, en la aplicación de los nuevos esquemas tarifarios que deriven en una reducción en el monto de subsidios generales en un 0,6% del PBI. Esto es, un aproximado de $400.000 millones, número que acercaría más sólidamente a la meta final de un desequilibrio entre ingresos y gastos de 2,5% para todo el ejercicio 2022; la meta firmada con el FMI el 25 de marzo pasado.

Este incremento de tarifas se aplicaría con un 60 o 65% de los usuarios con incrementos promedio de entre 40 y 60%; y en un 10% de los usuarios, con una eliminación total del subsidios. En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.

Revalúos

Tal como adelantó este diario, también esta semana deberá revisarse la marcha del intento del gobierno de recaudar unos $ 65.000 millones fruto de la aplicación desde este año de incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales. Luego, para el 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. Será por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el gravamen.

El acuerdo con el organismo financiero incluye el siguiente párrafo en el capítulo donde figuran las promesas de mayor recaudación fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.

La intención final es que se llegue a un aporte total de entre 0,3 y 0,4% del PBI de reducción del déficit por esta vía, lo que implicaría un monto aproximado de $ 150.000 millones. Si se le sumara al revalúo lo que se obtendría por la reducción de los subsidios a la energía proyectados en un 0,6% del PBI; en total el Palacio de Hacienda llegaría a un ahorro total superior a los $600.000 millones de déficit; o, medido de otra manera, un 0,8/ 0,9% de desequilibrio final para el 2022 y el 2023. Para los técnicos del organismo que conduce Kristalina Georgieva, este avance es fundamental para creerle al Ejecutivo que se cumplirá la meta fiscal de un déficit de 2,5% este año y 1,9% en el 2023.

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