El gobierno resolvió institucionalizar el apoyo de la Argentina a la alianza nacida después del ataque terrorista del 11 de setiembre en los EE.UU. Mediante un decreto adhirió a la resolución 1.373 aprobada por unanimidad del Consejo de Seguridad de la ONU el 28 de setiembre pasado. Ese organismo aprobó que «todos los Estados» prevengan y repriman «la financiación de los actos de terrorismo». Aunque lo dispuesto por la ONU está contenido en la legislación argentina, como es el caso de la «Ley de defensa de la democracia» -por ella fueron juzgados y sentenciados en única instancia los integrantes de la banda del MTP que atacó en enero del '89 el regimiento 3 de Infantería de La Tablada-, el Presidente buscó institucionalizar, hacer visible el apoyo, ya se estaba haciendo.
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La medida de la ONU apunta al financiamiento del terrorismo, pidiendo que se «tipifique como delito» la recolección por cualquier forma, directa o indirecta, de fondos. Del mismo modo ordena que «se congelen sin dilación», fondos y activos financieros, incluyendo «los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad» de terroristas y entidades asociados a ellos.
La resolución 1.373 señala que los Estados deben abstenerse de dar apoyo, «activo o pasivo», a personas y entidades que resulten ser responsables de actos de terrorismo. Esto se extiende al «reclutamiento de miembros» de estos grupos, «eliminando el abastecimiento de armas».
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