Fuerte presión de empresas eléctricas por las tarifas

Un conflicto por ahora poco claro enfrenta al gobierno con las distribuidoras eléctricas por las tarifas, precisamente en momentos en que la administración de Eduardo Duhalde necesita dar alguna señal al FMI de que está dispuesto a realizar ajustes, aunque sea sin precisar montos.

Las distribuidoras eléctricas de jurisdicción nacional son tres: Edesur, Edenor y Edelap. (El resto, varias de ellas privatizadas, dependen de los gobiernos provinciales). De las tres sólo Edesur presentó un pedido de aumento de tarifas.

Edesur realizó la presentación ante el ente regulador el 24 de octubre y ayer reclamó en un comunicado de tono fuerte, que «no haya más dilaciones para su tratamiento». La empresa dijo que el incremento debe tener «carácter urgente y transitorio» y «a cuenta del resultado que arroje el proceso de renegociación del contrato de concesión».

Sin embargo, la presentación de Edesur tiene cierta debilidad legal porque no menciona en forma directa el artículo 46 de la ley eléctrica que prevé pedidos de aumentos «por circunstancias objetivas y justificadas». La empresa considera en el escrito ese marco legal, pero también lo previsto en la ley de emergencia pública, y por eso habla de ajustes «a cuenta del proceso de renegociación de los contratos».

También aclara que la tarifa que eventualmente se apruebe «no constituye renuncia alguna o detrimento de nuestros derechos o los de nuestros accionistas en materia indemnizatoria».

• En preparación

Por su parte, voceros de Edenor dijeron que «estamos preparando la presentación», y «esperando a ver qué pasa con las demás empresas, porque ya presentamos varias veces nuestro pedido». Según algunos trascendidos, las autoridades de Edelap, que acaban de ser renovadas y pertenecen a la norteamericana AES, habrían preguntado por qué el ente regulador no actuaba sin necesidad de pedido.

Para explicar estas actitudes, en el gobierno hay quienes especulan que las distribuidoras eléctricas están apostando a iniciar juicios al Estado ante el CIADI, tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que interviene en caso de que una empresa denuncie que no se respetó el tratado de protección recíproca de las inversiones entre la Argentina y los países de origen de los accionistas.

Sin embargo, las dos transportistas de gas, las nueve distribuidoras de ese producto, y las empresas que transmiten electricidad pidieron subas de tarifas amparándose en las leyes de marco regulatorio de cada actividad, y no consideran que esos pedidos les implique renunciar a otras acciones.

La historia tiene los siguientes antecedentes:

• La comisión renegociadora de los contratos convocó en setiembre a audiencias públicas para «ajustes de emergencia» en luz, gas, peajes y agua.

• Las audiencias fueron suspendidas por la Justicia con el argumento de que no puede haber aumentos de emergencia hasta tanto se renegocien los contratos.

• El 17 de octubre, una resolución del Ministerio de Economía exceptuó a los entes de luz y gas de la prohibición de autorizar aumentos de tarifas.

• La norma abrió el camino para que las empresas se presentaran en función de las leyes de marco regulatorio, que no fueron derogadas por la ley de emergencia pública.

• Pero en un trámite distinto, independiente del iniciado por la comisión renegociadora, para no ser impugnado en la Justicia.

Sin embargo, las distribuidoras eléctricas parecen temer que si se encuadran en la ley regulatoria consigan un aumento mínimo, y al mismo tiempo esto sirva de pretexto para que no se avance en la revisión de los contratos y en la fijación de un «sendero» para volver a las tarifas de los contratos, e incluso percibir lo que no cobraron desde la devaluación.

A este temor se une la percepción de que al estar continuamente pidiendo aumento, la imagen de las empresas se deteriora frente al público, mientras el rédito económico por ahora es nulo. De alguna manera, por lo menos en las eléctricas, se busca que el gobierno decida y lo haga de tal manera que no sea cuestionado por la Justicia. Pero, por ahora ni siquiera se sabe si la Justicia no terminará frenando las audiencias previstas entre el 18 y el 26 de este mes.

Sin embargo, más que todo eso, las empresas parecen no creer en aumentos, sobre todo si no se logra antes un acuerdo con el Fondo que asegura la estabilización de las variables económicas.