La guerra por las patentes de semillas se puso al rojo vivo ayer con un fuerte ataque del gobierno y los productores a la semillera Monsanto. La Secretaría de Agricultura de la Nación salió a golpear muy fuerte, al borde del insulto, a la empresa por la decisión de empezar a cobrar la patente en aquellos países donde se exporte soja desde la Argentina.
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La actitud del gobierno fue acompañada por las cuatro entidades de productores, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CRA y Coninagro, que con tono parecido atacaron abiertamente a la empresa con la que estuvieron negociando hasta principios de este año, y calificaron su actitud como «chicana», «ilegítima», «presión» y «reprochable».
«La empresa persiste en su actitud patoteril y ajena a las prácticas habituales de comercio», decía el comunicado de prensa del organismo a cargo de Miguel Campos. Y agregaba que «en un gesto que parece ser una manifiesta bravuconada, está agrediendo gratuitamente a los productores argentinos,quienes han sido sus principales aliados en el desarrollo de esa tecnología en el mercado; y enfrentándose en forma directa con una administración que ha demostrado apertura a la modernización y a las nuevas tecnologías», indicaba la SAGPyA directamente en oposición a la empresa multinacional.
En un párrafo siguiente, Agricultura busca agredir a Monsanto pero sólo logra discriminar a las pequeñas empresas aunque los conceptos no son claros: «Monsanto actúa como si fuera una pequeña empresa, desconociendo las enormes inversiones que tiene en la Argentina y el cuantioso beneficio que ha recibido de nuestro campo». Ayer no fue un buen día para Campos, ya que al arrebato contra Monsanto se sumó un fuerte avance en el expediente de la Cuota Hilton con la declaración de la diputada María del Carmen Alarcón, pieza clave en el expediente que se le sigue en su contra en una causa que afecta también a Claudio Sabsay. «Que esta cuestión no empañe el tema Hilton», decían cerca de Economía.
En tanto, la compañía con sede en Saint Louis ratificó los conceptos conocidos el martes por la carta que un directivo estadounidense envió a los exportadores argentinos (quienes ajenos a la contienda entre gobierno, empresa y productores sólo trasladaron la inquietud a los agricultores).
La empresa, sin embargo, abre una puerta para solucionar el conflicto por vías locales: se intenta un acuerdo con entidades de la producción, que reconocido por el gobierno, puedan actuar como intermediarias para el cobro de la patente.
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