Gobierno bonaerense podrá embargar bienes de morosos sin autorización judicial

El gobierno bonaerense podrá embargar sin autorización judicial bienes de deudores de impuestos, secuestrar automóviles y aplicar un aumento de hasta el 120 por ciento en el impuesto inmobiliario rural.

Las medidas están contenidas en la nueva Ley Impositiva y en una serie de modificaciones que se introdujeron al Código Fiscal y que fueron sancionadas esta noche por la Cámara de Diputados provincial.

La nueva Ley Impositiva habilita al gobierno a aplicar un aumento promedio del 80 por ciento en el impuesto inmobiliario Rural que será determinado por zonas geográficas de acuerdo a la productividad de las tierras.

La medida generó el rechazo de las entidades rurales que calificaron de "desmedido, inequitativo y producto de la voracidad fiscal" a la decisión del gobierno provincial de aumentar el impuesto.

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens y el de Carbap, Javier Jayo Ordoqui mantuvieron esta mañana una reunión con el titular de la Cámara de Diputados, Ismael Passaglia, aunque no lograron frenar la aprobación de la nueva ley.

Es que con el nuevo esquema tributario, el incremento del impuesto llegará al 120 por ciento en los partidos del noroeste bonaerense tales como General Villegas, Trenque Lauquen, Rivadavia y Pehuajó, entre otros.

El mismo porcentaje se aplicará para los distritos comprendidos en la denominada zona interserrana que conforman los partidos de Lobería, Necochea, Tres Arroyos, Balcarce, Miramar, Tandil y San Cayetano, entre otros.

Los partidos de la cuenca baja del Salado, tales como Pila, Lavalle y Chascomús, tendrán un incremento del 40 por ciento, mientras que será de alrededor del 60 en la zona centro de la provincia, mientras que la única zona que no sufrirá modificaciones será la del sur bonaerense, afectada por la sequía.

Según las estimaciones del gobierno, por ese impuesto esperan el año próximo recaudar un total de 575 millones de pesos, contra los 314 que ingresaron este año.

El gobernador Felipe Solá defendió hoy el aumento del impuesto porque lo que paga el sector rural por ese concepto "es mínimo" y cuestionó a los intendentes "que le tienen miedo a las presiones de las Sociedades Rurales locales".

La Cámara de Diputados sancionó además el paquete de leyes, aprobado la semana pasada en el Senado, que otorga mayores facultades a la Dirección Provincial de Rentas en la lucha contra la evasión impositiva y crea en la órbita judicial el Fuero de Ejecuciones Tributarias que tendrá como fin dirimir los conflictos entre los contribuyentes y el fisco.

La norma fue aprobada por el Frente para la Victoria y el justicialismo y rechazada por el radicalism, el Paufe, el ARI y el PRO por considerarla "inconstitucional y un abuso de poder de parte de Rentas".

Sin embargo, para el oficialismo, las nuevas herramientas con las que contará Rentas "son necesarias para contrarrestar la capacidad de los contribuyentes que no pagan porque no pueden sino porque no quieren".

Los nuevos poderes, le permitirán a Rentas embargar bienes de deudores de impuestos antes de iniciarse el juicio de Apremio, es decir, sin requerir la previa autorización judicial.

Además habilita a "detener e inspeccionar vehículos y proceder a su secuestro cuando la deuda sea superior al 10 por ciento de la valuación del auto o adeude un 30 por ciento o más de las cuotas vencidas".

Sin embargo, en este punto, la Legislatura introdujo modificaciones al proyecto original y elevó el monto mínimo del valor del auto que, de comprobarse una deuda impositiva, pueda ser secuestrado por la Dirección de Rentas bonaerense.

Mientras el proyecto del Ejecutivo indicaba que se podría secuestrar autos cuyo valor fiscal fuera mayor a los 25 mil pesos, el Senado estableció el mínimo en 35 mil.

Los legisladores eliminaron también la posibilidad de que esos autos secuestrados puedan ser utilizados por la policía cuando el contribuyente no abone la deuda en un determinado tiempo, según lo había pedido del subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.

También Rentas podrá exigir garantías para el otorgamiento de planes de regularización de pagos, tales como seguros de caución, hipotecas o prendas y las agencias de viajes, inmobiliarias, empresas de transporte, compañías de seguro y entidades financieras se convierten en agentes de recaudación y de información al fisco.

Con la sanción de estas normas, los municipios deberán exigir la inexistencia de deudas del impuesto inmobiliario como condición previa a la aprobación de planos de obra y las plantas de Verificación Técnica Vehicular deberán informar la situación impositiva de los vehículos verificados.

Además establece que los gerentes de entidades bancarias y las personas depositarias de bienes que hayan sido embargados por Rentas y que con su accionar impidan o frustren esa medida dispuesta por el organismo, respondan de ahora en más en forma solidaria con el contribuyente moroso por la deuda que dio origen al embargo.

Esa nueva disposición apunta a evitar "filtraciones" en el proceso de cobro de deudas ya que se ha detectado que en algunos casos en que se dispone el embargo sobre cuentas de deudores, funcionarios de las entidades bancarias notifican a sus clientes antes de que opere el congelamiento sobre el depósito, para que lo retiren.