Gobierno, contra concesiones

El gobierno nacional considera que «muchos» de los contratos de concesión de los servicios públicos privatizados tienen en la actualidad «problemas notorios de incumplimiento y causales que podrían determinar la rescisión de los respectivos convenios». Así lo expresó el vicejefe de Gabinete, Julián Domínguez, quien consideró que en algunos casos está «justificado» el reclamo de aumento de tarifas planteado por las empresas, pero que en otros es necesario determinar primero «la ecuación económica» de las concesiones en los últimos años.

El funcionario reconoció la posición de «debilidad» con la que el Estado debe plantarse frente a la renegociación de los contratos y remarcó la necesidad de «centralizar la planificación y la regulación» del sistema para superar los problemas de «diseño regulatorio» generados en las privatizaciones instrumentadas durante la década del '90.

«Cada contrato tiene su particularidad, pero es necesario tener marcos normativos comunes, un código de servicios y un código común de regulación y las normas específicas. Hay servicios que se han concesionado por decreto, y tenemos esta dispersión y esta debilidad en la negociación del Estado», argumentó.