Gobierno paga costo excesivo por la salida del "corralito"

La compensación que ideó el gobierno para el sistema financiero por la pesificación asimétrica es innecesariamente costosa y, para peor, no resuelve el problema sino en forma muy parcial. En efecto, en su forma actual, derivada del Decreto 905, sólo compensa totalmente 25% de los depósitos, los de aquellos que optaron por el canje de deudor, y parcialmente 75% restante, al que se le reconoce sólo $ 1,40 + CER por cada dólar. Para lograr esta compensación parcial, que sigue sin ser una solución a la inconstitucionalidad en que incurrió el gobierno, el Estado está a punto de comprometerse en BODEN por u$s 8.000 millones más otros $ 9.000 millones + CER.

Como se ve, el gobierno ha intentado dar soluciones; lo que sucede es que no ha sabido encontrarlas. Su propuesta no cumple con el requisito básico de la legalidad (la que, mal que le pese, no puede sino ser la interpretada por la Corte Suprema de Justicia). No satisface a los ahorristas ni deja de perjudicar a los bancos, que deben financiar compulsivamente esta compensación. Está en el espíritu de los funcionarios de Economía el querer restaurar el patrimonio de los ahorristas todo lo posible, pero parten de la convicción equivocada de que es imposible. Así, es frecuente escuchar en sus declaraciones que ellos sólo están en sus cargos para «repartir miserias».

• Compensación

Sin embargo, cometen un error que los aleja de la solución posible. Es que al fijar hoy mismo el monto de la compensación que deben dar a los bancos, lo magnifican innecesariamente, al punto que, en sus cálculos, con semejante monto de u$s 10.000 millones ni siquiera les alcanza para compensar todo lo que deben.

Para encontrar la solución financiera a este asunto se debe tener presente que la diferencia cambiaria, que es lo que el Estado debe compensarles a los bancos, es directamente proporcional al tipo de cambio real (TCR), pues es la diferencia entre el valor del dólar y el de una variable que aumenta con los precios al consumidor ($ 1,40 más CER). El TCR baja cuando suben los precios más que el dólar, que es lo que viene sucediendo en los últimos meses. En esas circunstancias, la diferencia cambiaria también se achica y, por lo tanto, el Estado debería ir pagando menos.

• Futuro

Independientemente de las estimaciones que cada uno haga hacia el futuro, creo que todos coincidimos en que difícilmente el tipo de cambio real, que tocó recién en junio su máximo de 2,8 «pesos reales» por dólar (contra 1 en diciembre), siga subiendo o se mantenga muchos meses o años más en los actuales niveles. Más bien, todos esperamos que siga bajando como sucede desde julio. La discusión, en todo caso, es cuán rápido bajará y hasta qué nivel: si finalmente quedará cerca de 2, o en 1,5 o si volverá nuevamente a valores cercanos a 1.

Si la compensación se instrumentara de modo tal de que el capital a pagar por el Estado fuese variable en lugar de fijo y se pagara sólo en la medida en que se devuelven los depósitos, con mucho menos de la mitad de lo que el gobierno estima gastar se podrían devolver en dólares absolutamente todos los depósitos en los actuales plazos de reprogramación. La espera que deben soportar los ahorristas serviría para que el Estado pagara menos compensación. Esto sucede porque al momento en que los ahorristas vayan recuperando sus dólares, éstos ya no tendrán el altísimo poder de compra que tienen hoy.

• Conformidad

De ese modo, el gobierno acataría las sentencias del Poder Judicial, con lo que superaría la necesidad de enfrentar amparos, y los ahorristas podrían quedar conformes, pues recuperarían finalmente sus dólares, que es todo lo que piden. Además, los contribuyentes del futuro deberán afrontar una carga fiscal muy inferior a la que quedará consolidada si se mantiene la política actual.

A los solos fines de trazar los escenarios más probables, considérese que para un TCR que termine el año en 2,3 (hoy está en 2,6) y culmine 2003 en 1,4, lo que estimamos ocurriría en caso de una dolarización o nueva convertibilidad, esta solución implicaría poder devolver todos los depósitos en dólares en el calendario de reprogramación vigente con un costo de sólo u$s 3.000 millones.

En el otro extremo, si el TCR se mantuviera estable hasta fin de año cerca de su valor actual (2,5) y finalizara 2003 con un nivel todavía muy alto (1,8), lo que puede considerarse el escenario más optimista posible para los amantes de la ganancia en competitividad, el costo fiscal de la devolución ascendería a u$s 6.000 millones.

En cualquier escenario factible el costo fiscal es sensiblemente inferior a los u$s 10.000 millones que ya asumió este gobierno al instrumentar el Decreto 905 y pagando el cual, sin embargo, ni siquiera logra devolver todos los dólares a la totalidad de los ahorristas.

Peor aún: si se acepta la premisa, a mi juicio prácticamente indiscutible, de que el TCR en cualquier escenario futuro bajará, entonces cualquier monto en pesos de hoy que quede actualizado por el CER crecerá en términos de dólares. Por lo tanto, los $ 9.000 millones de BODEN que se emitan hoy en compensación a los bancos y que hoy equivalen nominalmente a u$s 2.500 millones valdrán entre u$s 3.600 y 4.600 millones a fin de 2003, según los dos escenarios comentados anteriormente.

Esto último sucede porque no se corrige el gravísimo error en que incurrió el ex ministro Remes Lenicov al realizar una doble actualización de los depósitos y deudas del gobierno al pesificarlos a $ 1,40 y encima aplicarles el CER. Con el correr de los meses ese monto será superior al valor inicial del dólar: a partir de enero de 2004 (escenario 1) o de enero de 2005 (escenario 2). Después de esas fechas el Estado estará sobrecompensando a los depositantes por encima del valor en dólares depositado originalmente y en una medida que puede ser varias veces millonaria... si se paga.

Conclusión: no sólo el monto del endeudamiento que asume este gobierno para dar una solución parcial al «corralón» es muy superior al necesario para compensar a todos los ahorristas, sino que además es creciente en el tiempo. Y no soluciona del todo ninguno de los problemas que enfrenta. Partir de la premisa según la cual «nadie va a quedar conforme en un reparto de miserias» es lo que separa al gobierno de las soluciones posibles.