El gobierno argentino condicionó la continuidad de las operaciones de Aerolíneas Argentinas a que los gremios acepten el plan director que propuso la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para evitar que la compañía aérea entre en concurso preventivo.
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«Hasta el jueves, como última oportunidad, existe la posibilidad de firmar el acuerdo y evitar la cesación de pagos. Estamos haciendo un llamado», dijo la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa que dio ayer, al término de un encuentro que mantuvo con los otros seis gremios aeronáuticos.
El plan director que la SEPI había presentado busca «una reestructuración de la compañía aérea para evitar su quiebra» e incluye una inyección económica de 350 millones de dólares, una reducción de gastos, el replanteamiento de rutas y un recorte de personal de la compañía. Si bien encontró aceptación en la mayoría de los sindicatos que agrupan a los trabajadores, la idea fue rechazada por los técnicos aeronáutico (APTA).
Para convencer al gremio «rebelde», Bullrich le afirmó al secretario general de la APTA, Ricardo Cirielli, que si se llega a la convocatoria, «las condiciones de trabajo empeorarán para todos», ya que caen los convenios y acuerdos firmados y pasa a regir la Ley de Contrato de Trabajo.
No obstante, la funcionaria admitió que «lo más probable» es que se dé la convocatoria de acreedores que, «para la ley argentina, significa la continuidad operativa de la empresa, para lo cual los gremios plantearon que ésta retome sus vuelos como eran antes del 24 de abril», cuando se inició el último conflicto que derivó en la crítica situación actual.
• Grandes dudas
En el encuentro con la ministra, quienes tienen en sus manos la decisión, los sindicatos, le reclamaron «una urgente reunión con la Jefatura de Gabinete para garantizar la operabilidad y los puestos de trabajo» de los empleados, en caso de que se produzca el concurso. Tal como prevé Bullrich, distintos gremialistas indicaron a Ambito Financiero que «APTA no va a aceptar el acuerdo» y que «el plan de la SEPI tiene distintos puntos; nosotros discutimos el laboral. Al igual que APTA, creemos que no sirve, porque achicar la estructura empresaria no es una solución, pero lo preferimos antes que su total desaparición».
Las excusas de la SEPI para lograr la adhesión del gremio de los técnicos, en cambio, apuntaron a otros intereses. Pedro Ferreras, presidente de la Sociedad Española, advirtió: «De no aplicarse el plan diseñado para AA, no tendremos más remedio que abdicar nuestras responsabilidades. La situación, así, se volverá absolutamente irreversible».
Por su parte, Luis Hernández, uno de los directivos de la SEPI, explicó: «Ahora nos encontramos con la necesidad de hacer un nuevo aporte de capital, pero, para realizarlo, no se trata de revisar la historia de diez años atrás». Por eso, agregó «sólo se necesita que se den las condiciones adecuadas, con plenas garantías de que los técnicos no van a volver a originar los graves desperfectos que han causado a las cuentas y a la imagen de la línea aérea». Asimismo, Ferreras dijo que si se impide la aplicación del plan, no se podrá pagar ni los suministros ni los salarios, y Hernández aseguró: «APTA ya dejó a la empresa en una situación casi vegetativa. Entonces, los 617 millones de dólares que habíamos aportado en octubre pasado se consumen en mantener esa vida vegetativa, sin que Aerolíneas pueda prestar todos sus servicios».
Ferreras destacó: «No pretendemos lanzar un ultimátum, sino salvar Aerolíneas. La SEPI sigue dispuesta a hacer lo que sea necesario por sacar adelante a Aerolíneas Argentinas, pero siempre que se adopten las medidas necesarias para dar viabilidad a la compañía. Lo otro es simplemente engañarnos transitoriamente con un elevadísimo costo, pero sin solucionar nada». El presidente de la SEPI comentó que entre 1996 y 2001 la sociedad destinó a AA 350.680 millones de pesetas (1.817 millones de dólares), «una cantidad tremenda».
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