Fernando de la Rúa firmó finalmente ayer el decreto reglamentario del plan de infraestructura, probablemente la mayor apuesta del gobierno de la Alianza para que de alguna manera se acelere la reactivación de la economía argentina, por lo menos desde la construcción y la obra pública. En total, el decreto, que tiene el número 228 y que junto con la presidencial lleva la firma del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y del ministro de Justicia, Jorge de la Rúa (como titular interino de Economía), consta de 70 artículos y establece dos limitaciones peligrosas: una restricción casi total para la participación de empresas extranjeras y un cupo limitado para las pequeñas y medianas constructoras locales.
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En el primer caso, el artículo 27 especifica que las firmas del extranjero interesadas en participar en las diferentes licitaciones que se irán conociendo dentro del plan deberán acreditar «un mínimo de tres años de trabajo continuo en el país y una inversión realizada equivalente, por lo menos, a la que se va a licitar». En el caso de las PyMEs, y si bien se levanta la restricción casi total del decreto original que imponía activos físicos que excluía a la totalidad de las pequeñas constructoras locales, ahora sólo se reserva un cupo de apenas 10% de participación.
Este tendrá que ser medido a partir del costo de construcción total de la obra. El anuncio oficial del lanzamiento del decreto no fue realizado como se esperaba por el Presidente, Colombo o Machinea, sino por el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, ayer a la mañana. Sin embargo, se espera que el propio De la Rúa, rodeado por Colombo y Machinea, esté presente en la mayoría de las aperturas de los sobres de licitaciones y las colocaciones de las piedras fundamentales de las obras.
Esto será así porque desde la Presidencia de la Nación se quiere dar la imagen de un gobierno con la mente en la producción, además de lógicamente aprovechar la oportunidad de hacer algo de campaña electoral en el segundo semestre del año.
Nada mejor que fotos del Presidente y de su ministro de Economía al frente de obras y con algún casco de seguridad, para acompañar lo que se espera ansiosamente: la reactivación de la industria para el último tramo del año, en lo posible entre julio y setiembre, un mes antes de las elecciones legislativas. Este plan federal de infraestructura prevé una inversión total de 20.500 millones de pesos y la creación de 500.000 puestos de trabajo en cinco años. Para el primer tramo de obras se preparó un sistema de leasing o de financiamiento privado con garantía estatal.
La diferencia de este sistema con los tradicionales de obra pública es que aquí el Estado contrata el servicio que brinda la obra y no la construcción de la obra en sí. Es decir, el privado la financia íntegramente y recién cobra cuando la entrega terminada.
Obras viales
Lo aprobado ayer incluye la licitación de 50 obras, en su mayoría viales, con una inversión de 1.000 millones de pesos y la generación de entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. Las obras más importantes de este tramo son las que corresponden a la construcción y repavimentación de las rutas nacionales 81, entre Formosa y Salta; la 23, en la provincia de Río Negro; la 101, en Misiones; la 95 entre Chaco y Formosa, y la Ruta nacional 3, tramo Tierra del Fuego.
También se incluye la autovía Paraná-Colón, en Entre Ríos; la Ruta (precordillerana) 40, en Santa Cruz, y la ruta transversal en Formosa, los cuales ayudarán al desarrollo del turismo, del comercio y las comunicaciones interoceánicas.
Para la provincia de Neuquén está previsto el desarrollo de un plan de obras sanitarias y para la de Jujuy, obras de saneamiento en el área Manantiales.
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