7 de marzo 2003 - 00:00

Gobierno y Corte buscan tranquilizar a deudores

El gobierno y la propia Corte Suprema de Justicia insistieron con aventar temores sobre un eventual perjuicio que podría causar a los deudores el fallo que declaró inconstitucional la pesificación y ordenó la redolarización de los depósitos bancarios.

Ambos poderes coincidieron en que no hay razones para que se dé marcha atrás con la pesificación «de las hipotecas y préstamos personales, que benefició a más de 90 por ciento de las personas con deudas bancarias en la moneda estadounidense.

• Análisis

El presidente de la Corte, Julio Nazareno, también confirmó que el máximo Tribunal podrá expedirse sobre casos de ahorristas particulares respetando el criterio que adoptó con el fallo redolarizador de los depósitos de San Luis.

En una poco habitual rueda de conversación con periodistas, Nazareno destacó que el tribunal no se pronunció sobre las deudas « pesificadas» en el fallo del miércoles.

Y ratificó -como lo adelantó Ambito Financiero que el máximo Tribunal analizará el caso de los deudores cuando tenga que resolver sobre ese asunto, «pero hasta ahora no hay ningún recurso de amparo judicial para que se declare nula esa norma financiera».

Las hipotecas y préstamos hasta 100.000 dólares se pasaron a pesos bajo la antigua relación de «uno a uno» con el mantenimiento de los intereses pactados más una actualización por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Una supuesta redolarización de esas deudas causa gran temor, sobre todo porque el peso acumula una depreciación de 69 por ciento con respecto al dólar.

Según las primeras evaluaciones, los préstamos en dólares que fueron pesificados suman unos 76.000 millones de pesos, equivalentes a 23.676 millones de dólares teniendo en cuenta los intereses y la actualización por el índice de CVS.

Las entidades bancarias prácticamente descartaron -pese a que existen dos fallos de la Justicia a favor de la redolarización de deudas contraídas con bancos-que piensen acudir a la Justicia para reclamar que los créditos que fueron otorgados en dólares sean devueltos en la moneda de origen como hoy reclaman los ahorristas.

La posición de los bancos se inclina más a esperar una compensación que provenga del Estado, a través de la casi segura emisión de bonos públicos.

A poco de arribar al Palacio de Tribunales, Nazareno opinó que el fallo fue
«bastante considerado» en vista de la situación económica del país y remarcó que «no debe buscarse ninguna connotación política».

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