Grave denuncia de Auditoría contra discrecional entrega de fondos del gobierno a los sindicatos

Economía

No es novedad que la famosa APE, la Administradora de Programas Especiales de obras sociales, es una de las cajas más preciadas para el sindicalismo nacional. La maneja un delegado de Hugo Moyano y desde allí reparte fondos que financian esas coberturas sindicales y también la vida de sus dirigentes. Pero nunca se había visto reflejado en un informe tan crítico como el que emitió la Auditoría General sobre el funcionamiento de ese organismo, que lo deja al borde de una segura denuncia penal por el manejo de sus fondos.

Auditoría General de la Nación acaba de emitir uno de sus informes más críticos que se le conozcan -un antecedente de una segura denuncia penal-, sobre el reparto de fondos especiales a las obras sociales sindicales por parte de la APE ( Administradora de Programas Especiales). Este organismo, que siempre fue identificado como la gran caja de los sindicatos, está administrado por un hombre de Hugo Moyano, Juan Antonio Rinaldi. El informe de la Auditoría que se emitió recién ahora -sobre la base de un trabajo realizado hasta agosto de 2005- cuestiona no sólo la falta de rendición de cuentas de los subsidios, sino también las diferencias sin explicar en millonarias campañas de vacunación, pagos de deudas a las obras sociales en bonos que luego fueron rechazados pero nunca devueltos por éstas y hasta giros a coberturas en cesación de pagos.

La APE es un organismo descentralizado cuya función es financiar a las obras sociales las prestaciones de alta complejidad, con costos que los sindicatos supuestamente no pueden asumir; y enfermedades crónicas, como el caso del sida.

Se financia casi con los recursos del Fondo Solidario de Redistribución y, en menor proporción, con recursos propios.

Ya sea fuera o bajo el control del moyanismo de esa joya del esquema sindical que es la APE, el incremento de los fondos pagados a las obras sociales en los últimos años escapa a cualquier escala razonable: en 1999 distribuyó fondos por $ 16,6 millones, mientras que en 2004 esa caja llegaba ya a $ 326,4 millones, una cifra imposible de explicar.

No extraña, entonces, como ya adelantó este diario, que Héctor Capaccioli, superintendente de Servicios de Salud, anunciara hace una semana, antes de conocerse el informe de la Auditoría sobre la APE, que el organismo sería modificado por decreto por un proyecto de ley para optimizar la distribución y poner techos y pisos para que ninguna obra social se lleve más que las otras.

En ese universo que controlael moyanismo, la AGN encontró irregularidades en distintos rubros, como no contar con una estructura de administración aprobada y manejarse informalmente hasta una increíble demora en el tratamiento de expedientes internos.

En 2005 había en trámite 66.922 expedientes sobre un total de 102.099 que habían ingresado por subsidios o reintegros desde el año 1999, demora que adjudican tanto a la APE como a las obras sociales. Pero mientras eso sucede, otros pagos se tramitaron con velocidad inusitada.

  • Otros casos

    Hay otros casos memorables en el informe de la AGN:

  • El caso de la medicación por HIV es considerado grave dentro del informe de la Auditoría. Al mantenerse anónimos los pacientes que la reciben, éstos se manejan con un número de historia clínica. Allí se observó que los « troquelados» de los medicamentos que se les entregan -y que deben presentarse a la APE para justificar el subsidio-se presentan en fotocopia, lo que no tiene explicación lógica. Además, las liquidaciones se hacen en masa y junto a facturas que incluyen otros ítems. En esto la AGN es contundente: «Por más que la obra social declare que el medicamento subsidiado está incluido en la factura y recibo globales presentados, no se han obtenido evidencias de controles de integridad respecto de subsidios, beneficiarios y facturas/ recibos».

  • Tan serio como esas diferencias son los subsidios que la APE otorgó a distintas obras sociales para cubrir déficits en las prestaciones. En ese caso aparecen con declaraciones nunca explicadas la Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación, la Obra Social de la Dirección Nacional de Vialidad o la Obra Social de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, pero ninguno se acerca al caso de la Unión Obrera Metalúrgica. «Entre abril y setiembre de 1999 obtuvo $ 4.200.000 en subsidios para cancelar pasivos prestacionales», dice el informe sobre la UOM, pero «el 28/12/99 la obra social solicitó su concurso preventivo de acreedores, en el que se estableció como fecha de cesación de pagos el 28/12/ 97». Es decir que, de acuerdo con el concurso, cuando la APE les dio los fondos, la obra social ya no pagaba a sus proveedores. Hasta 2004 aparecen registros en la APE de pedidos de rendición de cuentas de esos fondos sin recibir respuesta.

    La historia con la UOM no terminó allí, según la AGN, en 2001 le entregaron otros $ 6.000.000 para pago de indemnizaciones de su personal, un subsidio que recién ahora la APE analiza si debe reclamar.

  • También la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina solicitó dos subsidios por $ 162.700,20 y $ 77.500: «Las actuaciones no poseen ningún comprobante que demuestre la aplicación de fondos por parte de la obra social», dice la Auditoría.

  • También se cuestiona el acuerdo firmado en noviembre de 2004 entre el Ministerio de Salud, Trabajo y la Jefatura de Gabinete, para distribuir entre las obras sociales el sobrante acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución, que recauda la AFIP. Así se fijó el pago de subsidios en $ 3,2 millones, que la AFIP transfirió en julio de 2005. El procedimiento que utilizó la APE se apartó de lo establecido y no se reclamó rendición por esos fondos.

    En las recomendaciones que termina dando la Auditoría, hay consejos que parecen casi graciosos, como cuidarse de no girar expedientes para el estudio de las rendiciones de cuenta a empleados que ya no trabajan en ese organismo, o que no sólo se analicen las liquidaciones financieras que presentan las obras sociales, sino también si se cumplió con la prestación que se está denunciando.

    «Se ha detectado el pago de subsidios y reintegros en forma improcedente, en razón de que se transformaron subsidios en reintegros por valor de $ 240.200,20 a favor de la Obra Social del Personal de la Sanidad y $ 63.000 a favor de OSECAC, eximiendo de hecho a las obras sociales de demostrar la aplicación de los fondos. Asimismo, se procedió a la aprobación de reintegros por un total de $ 423.384 a favor de la Obra Social Ferroviaria, sin verificar la validez de los elementos comerciales presentados», dice la AGN en otro tramo del informe.

    Pero además de esos requerimientos, hay uno que causó especial escozor en la Auditoría: le piden especialmente a la APE que verifique cuántas dosis y a quiénes vacunan contra la gripe las obras sociales.
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