Grave peligro para la marcha de la economía

Los países desarrollados lo son porque sus instituciones funcionan adecuadamente y los puestos principales del Estado están cubiertos por funcionarios eficaces. Cuando estos cargos están ocupados por personas incompetentes, las naciones enfrentan dificultades. Pocas funciones son tan delicadas y críticas para el crecimiento del país como el control del sistema financiero. Por ello, el Congreso ha sancionado la autarquía del Banco Central y la estabilidad de su directorio. La moneda, la piedra basal del crédito, está férreamente determinada por la Ley de Convertibilidad y, afortunadamente, no depende de decisiones de los funcionarios locales. En este momento, la presidencia del Banco Central está atacada por funcionarios y personas de distintas procedencias.

La acusación original estaría fundada en un informe de un subcomité del Senado de los Estados Unidos que, en casi cuatrocientas páginas, dedica pocas líneas a los bancos de nuestro país, sin imputación alguna al presidente de nuestro ente rector. Al mismo tiempo, parecería que en ninguna otra nación ese informe habría conmocionado tanto a los legisladores, demás funcionarios y a los medios. Por otra parte, la función principal de los legisladores es la que manda la Constitución. Y en ella no aparece la tarea de investigar. Por el contrario, el artículo 18 de la misma dicta que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo... ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados antes del inicio de la causa. Los derechos fundamentales del individuo descansan en el cumplimiento de la Constitución y los legisladores tienen que ser los primeros en reconocerlos.

El doctor Pedro Pou ha estado largos años en la conducción del banco y sus esfuerzos permitieron la consolidación del sistema financiero argentino. En la órbita de las entidades bancarias de todo el mundo y de las instituciones multilaterales de crédito, que están apoyando a nuestro país a salir de las dificultades financieras, el prestigio ganado por dicho funcionario es considerable. Seguramente en su desempe-ño habrá cometido algunos errores y granjeado enemistades. Pero su remoción sin causa legal sería un mal para la República, una señal clara de que no existe estabilidad, que la ley, una vez más, no se cumple, y que los desempeños, por más serios que fueran, están siempre a la merced de operaciones políticas de personas descontentas con sus decisiones. La presidencia del Banco Central es como la Fórmula 1 en las carreras de autos. Constantemente se están tomando decisiones en condiciones exigentes, que deben ser ajustadas a las necesidades y oportunas; justo a tiempo, ni antes ni después. Bajar a un piloto sólo detiene al auto, no suspende la carrera.

Todo ciudadano tiene derecho de peticionar. Pero los legisladores y gobernadores tienen las responsabilidades de sus cargos.

Los criterios de calidad de desempeño en la función, que exijan de otros, les serán aplicados a ellos, en su momento. El descabezar organismos clave por conveniencias políticas inmediatas puede sumir a un Estado en la inestabilidad y la anarquía.

Luego de los primeros ataques, han surgido nuevos embates. Estos son más sinceros. Provienen de quienes no están de acuerdo con la política crediticia y monetaria. Y aquí se revelan los mayores peligros de esta ofensiva. Si las presiones de diversos sectores imponen al presidente de la Nación la separación del funcionario por discrepancias políticas, ¿qué nos queda?, ¿qué política crediticia sucederá?, ¿qué pasará con la Ley de Convertibilidad, tan denostada por el presidente de la UCR? Porque si se viola el espíritu de la ley de autarquía del Banco Central, ¿qué pasará con las demás leyes fundamentales? Es una gran lástima que estas circunstancias puedan empañar la recuperación que nos prometía el blindaje. Si el Poder Ejecutivo no sale a la defensa del funcionario y a confirmar la continuidad de la política económica ya mismo, enfrentaremos graves peligros.

No es lógico el sacrificio que se exige en nuestro país a los funcionarios que quieren ser probos y eficaces. Sus puestos siempre están en peligro por las denuncias interesadas de otros que no tienen las credenciales para juzgarlos. La remoción de Pou implicaría un gran costo para la sociedad argentina. Pero esto no es nuevo. San Martín murió en Francia.