Un giro significativo puede tomar una eventual reestructuración de la deuda argentina tras una disposición de esta semana que pasó inadvertida incluso hasta para los propios funcionarios. El juez de Nueva York Thomas Griesa dio curso a los juicios de acción de clase, y notificará a todos los bonistas (los que posean títulos en default con legislación Nueva York) a través de publicaciones en diferentes medios.
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Con la acción de clase, similar a la utilizada en el juicio contra tabacaleras en EE.UU., los demandantes obtienen el derecho a representar a las diversas categorías de acreedores y así poder obtener una sentencia colectiva. Súbitamente estarán demandando al país tenedores de títulos por u$s 6.500 millones, lo que representa 33% de la deuda total en default (sin considerar intereses atrasados). En esto juega un rol importante la decisión de Griesa de que, aquellos que no quieran participar de esta acción colectiva contra la Argentina, lo deben especificar por escrito, lo que se denomina «opt out». Esto aseguraría que la mayoría de los bonistas ingresará en la acción de clase automáticamente. Esta decisión del juez Griesa fue confirmada por abogados de acreedores. «Se abre un camino de negociación. El procedimiento de acción de clase dispuesto dará la posibilidad de aceptar una propuesta consensuada con el gobierno», indicó el abogado Pablo Giancaterino, involucrado en la causa. Es que, se trataría de una suerte de convocatoria de acreedores, esta definición adoptada por Griesa.
Si lo quisiera en algún momento el gobierno, ¿conviene hacer una nueva oferta de canje a los bonistas como en 2005 o bien negociar con los representantes de esta acción de clase? La duda está planteada y eventualmente para el gobierno de Cristina de Kirchner, políticamente podría ser más potable canalizar ofertas con quitas en un juzgado que lanzar una propuesta abierta en la plaza. Con la primera ganan los abogados, con la segunda, los bancos que cobrarán comisiones. La luz verde de la reciente decisión de Griesa fue para los abogados de Proskauer Rose LLP, Sirota & Sirota LLP y Guillermo Gleizer quienes representan conjuntamente el universo de los acreedores en la acción de clase. En Estados Unidos, según el último informe del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al Congreso, se tramitan 120 causas por más de u$s 2.500 millones. Se emitieron sentencias en 49 casos por u$s 1.750 millones. La Argentina apeló 24 sentencias argumentando que «es insuficiente la prueba con la que los bonistas buscan demostrar la compra y titularidad del beneficio continuado de los bonos». Se descuenta que los abogados de la firma Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, que representan al país, apelarán la decisión. Inicialmente, las primeras acciones colectivas contra la Argentina fueron rechazadas a mediados de 2003 por Griesa. A comienzos de 2004. En marzo de 2005, luego del canje, el juez Thomas Griesa certificó varias de ellas.
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