7 de marzo 2001 - 00:00

Impugnan la formación de la comisión anti-Pou

Se autoconvocó, cuando la Constitución exige un decreto del presidente De la Rúa. Las causas de la remoción deberían estar basadas en una sentencia judicial. Ayer, los legisladores de esa comisión tomaron declaración a ex funcionarios.

La decisión de la comisión especial del Congreso que investiga el accionar de Pedro Pou podría ser nula ya que habría incurrido en algunos vicios en su conformación. La información está siendo analizada en el Congreso y concretamente apunta a que la mencionada comisión se «autoconvocó» cuando en realidad debería haber habido una solicitud del Poder Ejecutivo previo. Mientras tanto ayer se volvió a reunir esa comisión bicameral para escuchar el testimonio de tres ex funcionarios del Banco Central y analizar la documentación recibida. Hoy volverán a escuchar a cinco testigos más y mañana citarían a los integrantes del directorio. Pou podría concurrir recién el viernes. De todas formas, se piensa que el dictamen no estaría listo antes de la semana próxima.

Al haberse constituido la comisión sin el pedido previo de Fernando de la Rúa -el artículo 99 inciso 7° de la Constitución nacional lo dispone entonces podría interpretarse que la conformación de la comisión se trata de un intento del Poder Legislativo de inmiscuirse en las atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Se violaría así el artículo 87 de la Constitución nacional respecto de la división de poderes también y Pedro Pou podría utilizar este argumento en caso de producirse el «consejo» de esa comisión de remover al funcionario.

Una de las alternativas que barajan varios legisladores frente a esto es que se podría esgrimir que la convocatoria fue realizada en diciembre del '99, cuando en la orden del día de la Cámara de Senadores hubo un dictamen solicitando convocar a la comisión prevista en la carta orgánica del Banco Central relacionada con la remoción de su titular. De todas maneras, los fundamentos son bien diferentes a los que hoy se esgrimen -se lo vinculaba en la caída de los bancos Patricios y Mayo, de lo cual Pou ya fue absuelto-y paralelamente el tiempo transcurrido resta validez legal a la misma.

Paralelamente existen otros puntos legales que le restarían fuerza a la presión política instaurada para desplazar a Pedro Pou del Banco Central. El «consejo» de la comisión no es vinculante para el Ejecutivo, y por lo tanto De la Rúa podrá apartarse del mismo si así lo dispone. Al mismo tiempo las causas de la remoción sólo podrán ser algunas de las contenidas en la Carta Orgánica, es decir por incumplimiento de la ley, incurrir en inhabilidades, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público. No podrá fundarse el decreto de remoción en ningún otro causal. Y deberán acreditarlo ya que si no media fallo judicial que lo respalde también carecería de justificación. Por eso es que el Banco Central podría pedir la nulidad de lo resuelto por la comisión a la Justicia al momento de conocerse su decisión con el mencionado «consejo» al Presidente.

Por estos motivos es que se descuenta que la batalla lanzada desde algunos integrantes de la Alianza para desplazar a Pou se toparía con varias trabas legales e incluso que podrían terminar en Tribunales. Mientras tanto, Pedro Pou está terminando de redactar su presentación para cuando sea llamado a declarar al Congreso y hasta se presentará espontáneamente en caso de que los legisladores demoren su convocatoria.

Ayer la bicameral especial volvió a reunirse y escuchó la declaración de tres ex directivos del Central. Para la opinión de algunos de los integrantes la situación del jefe del Banco Central se había complicado. «Hemos sumado argumentos condenatorios», dijeron.

Hoy la comisión continuará sesionando y analizando documentación. Mientras esperan que llegue de la Justicia un informe sobre las causas abiertas a cada uno de los integrantes del directorio y su situación actual, los diputados y senadores volverán a escuchar la declaración de otros testigos citados desde las 10 hasta la tarde, en que se incluye a un empleado actual del Central. Sobre la citación a Pou ayer no se había tomado ninguna determinación. De acuerdo con el cronograma previsto, también se piensa citar para mañana a los seis directores que actualmente integran la cúpula de conducción del banco y el turno de Pou podría llegar el viernes al propio Pou.

Los testimonios que prestaron ayer los ex funcionarios se prolongaron durante cinco horas, lo que dio una idea de que el dictamen podría no estar listo para el fin de semana.

Sea cual fuere el resultado de la investigación, la opinión de la comisión que integran los radicales Mario Losada, Víctor Peláez, Alcides López, Raúl Baglini y el peronista Carlos Verna no es vinculante para De la Rúa.

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