Impulso final para juicios por jurados

Años de demoras están llegando a su fin en el Congreso para poner en marcha uno de los puntos clave del plan para mejorar el sistema judicial: el juicio por jurados. Los senadores lo votarán antes de fin de año y en la versión popular. Serán 12 ciudadanos legos los encargados de dirimir la inocencia o culpabilidad de un acusado, tal como funciona en los países más avanzados. El sistema ha probado, por ejemplo en los Estados Unidos, ser más duro para sancionar delitos que las sentencias que emanan de los propios jueces. Es claro que en la Argentina necesitará un plazo de adaptación. Córdoba, que tiene el sistema aprobado desde hace tiempo, sorteará el viernes a los primeros 1.500 ciudadanos que actuarán como jurados. En la Capital Federal, habrá que esperar, de todos modos, unos meses hasta que Diputados lo ratifique y el gobierno lo ponga en marcha.

Juan Carlos Blumberg

Avanzará hoy en el Senado el proyecto que reglamenta la institución del juicio por jurados cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales emita el dictamen despejando el camino para que en una semana pueda ser tratado en el recinto, aunque se sancionaría el 8 de diciembre. La versión final del proyecto establece que el sistema se aplicará, en forma progresiva, a todo tipo de delitos y en todo el país. No habrá sistema escabinado o mixto -es decir, con participación de magistrados en el jurado-sino que 12 ciudadanos argentinos serán los encargados de escuchar acusaciones, defensas y pruebas para decidir un veredicto. Esta salida al atolladero judicial y los cuestionamientos a las penas que imponen los magistrados en sus sentencias se incluyó en la reforma constitucional de 1994 y luego avanzó en algunas provincias mientras se mantenía la resistencia a ese sistema en el Poder Judicial. El proyecto, además, forma parte de la reforma judicial que fue anunciada por el gobierno -lo hizo Gustavo Béliz mientras habitó el Ministerio de Justicia-dentro del Plan Integral de Seguridad, aunque no todo el gobierno está de acuerdo con instaurar un sistema de juzgamiento como éste.

El proyecto que reglamenta el juicio por jurados tiene tantas idas y vueltas en el Congreso como años hace que se sancionó la reforma de 1994. En su tramo final los senadores constituyeron una subcomisión para peinar la letra fina y negociar una salida viable para instrumentar el sistema, todo en medio de las presiones que se avivaron cuando el tema fue puesto como exigencia dentro del petitorio de Juan Carlos Blumberg. Ese cuerpo, integrado por Liliana Negre de Alonso, Jorge Yoma y Vilma Ibarra recogió parte de las modificaciones que había propuesto el ministro Horacio Rosatti, pero no aceptó el planteo del radicalismo.

• Aplicación

La UCR, con Raúl Alfonsín a la cabeza, pidió en todo momento que se instrumentara un sistema de jurados «escabinado-» o mixto como el que rige hoy en la provincia de Córdoba, donde los jurados están integrados en proporciones por ciudadanos comunes y jueces que tienen la función de dirimir la culpabilidad o inocencia.

Finalmente el peronismo decidió avanzar hoy con un dictamen que se basa en el « proyecto Yoma» y consagra un cuerpo de jurados populares, con la sola participación del juez de la causa que dirigirá el proceso.

El sistema, entonces, se aplicará:

• Para todos los delitos, pero en forma gradual. Este fue uno de los planteos de Rosatti al Senado. En los primeros tres años de aplicación habrá juicio por jurados para juzgar los delitos dolosos con penas superiores a 8 años de prisión y siempre que se involucre un asesinato. Al cabo del tercer año se ampliará para todo tipo de delitos graves.

• La norma que avanza en el Senado establece que se aplicará inmediatamente en el ámbito de la Capital Federal y que luego las provincias reglamentaránsu instrumentación. Este fue un atajo que encontraron los senadores para equilibrar la exigencia constitucional -que habla de aplicación del juicio por jurados para todos los delitos en todo el país-y las constituciones y presiones provinciales, que deberán luego ajustar a su legislación el sistema.

• Serán 12 ciudadanos titulares (y 6 suplentes) los encargadosde tomar la decisión sobre el acusado, con un esquema similar al utilizado en los Estados Unidos, aunque el procedimiento tendrá diferencias habida cuenta que, además, se trata de otro sistema legal. Serán seleccionados a partir del padrón nacional, siempre que cumplan con algunos requisitos como: tener entre 25 y 75 años, haber completado la educación básica, no tener restricciones para ejercer derechos políticos, fijar un domicilio y tener profesión o empleo. Además, deberán tener una residencia permanente no inferior a 5 años en el territorio de jurisdicción del tribunal y gozar de aptitud física y psíquica para el desempeño de la función, que se define como una carga pública. Es decir, que no puede ser rechazada ni tendrá remuneración.

• Ningún integrante de los tres poderes del Estado podrá ser jurado, como tampoco los dirigentes de partidos políticos, abogados, escribanos, procuradores, militares, policías o religiosos de cualquier culto.