Investigan a Telefónica por compra y venta de acciones

La Justicia penal investiga a la empresa Telefónica Argentina en una causa relacionada con una presunta millonaria defraudación con la compraventa de acciones de la compañía.

El juez de instrucción Ismael Muratorio ordenó sendos allanamientos en las oficinas de la empresa en la Capital Federal, y también la interdicción de unos 120 millones de dólares que la Telefónica tendría colocados en una cuenta de la sucursal Nueva York del banco JP Morgan.

Muratorio, secundado por el secretario judicial César López Cabanillas y personal del Departamento Delitos Complejos de la Policía Federal, allanó instalaciones de la firma en los pisos primero y decimoctavo del edificio ubicado en Tucumán 1, aunque en la última planta, donde funciona la presidencia, no se habría hallado material «de interés» para la pesquisa.

Voceros de la empresa de telecomunicaciones precisaron ayer que el procedimiento se realizó hace dos semanas e indicaron que en la intervención llevada a cabo por Muratorio «Telefónica no es parte ni objeto de la causa penal que dio lugar a la medida judicial».

En declaraciones a la agencia «Télam», los voceros confirmaron los allanamientos, pero -según dijeron- fue para retirar documentación perteneciente a «otras compañías, por denuncias en las que Telefónica no está implicada».

Bajo el encuadramiento penal de «defraudación por administración fraudulenta», el magistrado investiga si las autoridades de la Telefónica cometieron ilícitos utilizando como «pantalla» la compraventa de acciones del CEI Citicorp Holdings Sociedad Anónima en abril de 2000.

Se sospecha que la operación se habría concretado con la intervención de otras firmas, entre las que estarían HMTF-Argentine Media Investments; Ami IV-Q Caimán; Hicks, Muse PG-IV; International Equity Investments; Ami Cable Holdings y República Holdings.

Durante los allanamientos, en los que los efectivos de Delitos Complejos fueron acompañados por la apoderada de Telefónica de Argentina, Alicia Heinze, se incautaron decenas de libros contables y carpetas relacionados con auditorías e informes de balances de los últimos tres períodos.

La documentación fue embalada y, tras asegurarse la inviolabilidad de las cajas, se remitió al juzgado de Muratorio, quien dispuso un informe técnico sobre el material secuestrado.

En tanto, una escribanía que funciona en Tucumán al 1500 de esta Capital se comprometió a aportar al tribunal documentación relacionada con el depósito de acciones y constancias de asistencia a las asambleas generales de la compañía.

Por último, allegados al sumario penal indicaron que, si Muratorio quiere mantener la inmovilización de los fondos (medida que dispuso previa fijación de una contracautela de 300.000 dólares), deberá prorrogar el plazo inicial de la interdicción, cuya vigencia expirará el próximo 1 de abril.