Islandia define por consulta si paga a ahorristas extranjeros afectados por la crisis

Olafur Ragnar Grimsson.

Presionado por la opinión pública, el presidente islandés Olafur Ragnar Grimsson decidió someter a referendo un acuerdo de reembolso de ahorristas extranjeros afectados por la quiebra del banco Icesave que había sido votado por el Parlamento.

La ley Icesave está destinada a reembolsar cerca de 4.000 millones de euros (unos 5.770 millones de dólares) avanzados por el Reino Unido y Holanda para indemnizar a más de 300.000 de sus ciudadanos afectados por la quiebra del banco.

"Decidí, sobre la base del artículo 26 de la Constitución, someter la nueva ley a la Nación. De todos modos, como lo estipula la Constitución, la nueva ley entrará en vigencia y se organizará el referéndum lo antes posible", declaró el presidente islandés.

Según el jefe de Estado de Islandia, un "no" en esa consulta enterrará la ley, votada a fines de diciembre por una corta mayoría, a la que se opondría gran parte de la población.

El gobierno islandés encabezado por la primera ministra Johanna Sigurdardottir manifestó de inmediato su "decepción" por la decisión del jefe de Estado, señalando que "podría tener consecuencias importantes sobre un plan económico con el FMI" (Fondo Monetario Internacional).

La coalición en el poder en Islandia (socialdemócratas y partido ecologista Izquierda-Verdes) tenía previsto reunirse por la tarde para decidir una posible demisión del gobierno.

El rechazo del presidente islandés fue muy mal recibido por Gran Bretaña y Holanda, que instaron el martes a Islandia a "cumplir con sus compromisos".

"El gobierno del Reino Unido espera que Islandia asuma sus compromisos", indicó a la AFP un portavoz del ministerio británico de Finanzas.

En la misma sintonía, el gobierno holandés señaló que "Islandia debe reembolsar" el dinero y se manifestó "muy decepcionada" por la decisión del presidente islandés, según un portavoz del ministerio de Finanzas, Ruut Slotboom.

Islandia, isla de unos 320.000 habitantes, se hundió en octubre de 2008 en una grave crisis económica provocada por la bancarrota de sus tres principales bancos, golpeados por las dificultades de los mercados financieros mundiales.

En un clima de particular enojo de parte de la opinión pública contra los banqueros, la adopción de la ley Icesave provocó fuertes protestas.

En ese sentido, el presidente islandés recibió una petición firmada por unas 60.000 personas -cerca de un cuarto del electorado) para reclamar un referendo sobre el tema.

"Los sondeos muestran que una inmensa mayoría de la población piensa lo mismo", al igual que "la mayoría de los diputados", subrayó Grimsson.

Es la segunda vez desde la independencia de Islandia en 1944 que un presidente se niega a firmar una ley adoptada por el parlamento.

El litigio por Icesave es un obstáculo para la candidatura islandesa a la Unión Europea y sus relaciones con el FMI, que aprobó a mediados de diciembre el pago de una tercera parte de su préstamo de emergencia de 2.100 millones de dólares acordado a Islandia en octubre de 2008.