Javier Fuentes, tributarista: "Las obligaciones impositivas no debieran ser vistas como un escollo"

Javier Fuentes, experto en Impuestos, analizó los recientes anuncios de alivio fiscal de la AFIP y adelantó cuáles son los principales desafíos para el crecimiento de las empresas en el país.

Según dijo Javier Fuentes, es necesario "tener conciencia de que toda Nación tiene un Estado al cual hay que solventar para el beneficio de la comunidad" y eso "no debería ser motivo de enojo, sino de atención".

Javier Fuentes, gerente de Impuestos de PGK Consultores, analizó los recientes anuncios de la AFIP sobre el nuevo plan de facilidades de pago para las pymes, y deslizó cuáles son los principales desafíos para el crecimiento de las empresas en la Argentina.

La iniciativa permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2023, inclusive, "sin que ello implique la reducción total o parcial de los intereses resarcitorios y/o punitorios o la liberación de las pertinentes sanciones”, según indica la norma.

Según la resolución de Carlos Castagneto, las pymes podrán solicitar planes de entre 12 y 84 cuotas según el tipo de deuda y la tasa de financiamiento será del 3,55%. Las medianas tramo 1 entre 6 y 48 cuotas, y la tasa será del 4,73%.

El resto de las empresas podrán acceder a entre 3 y 36 cuotas con tasa del 5,71%. Se trata de tasas fijas, por lo que con una inflación creciendo al 8% mensual, los importes se irán licuando. Una cuestión importante es que ninguna empresa podrá realizar operaciones de contado con liquidación ya que, si las realizan, los planes les serán declarados caducos.

El acogimiento al régimen podrá realizarse hasta el 29 de septiembre, inclusive.

El stock de deuda a regularizar se estima que alcanza los $456.063 millones. La medida favorece a 656.121 contribuyentes, de los cuales el 48,1% son Micro y Pequeñas Empresas, el 11,5% son Medianas Tramo I y el 31,2% son Pequeños Contribuyentes y Monotributistas.

Periodista: ¿Cómo interpreta el plan de facilidades de pago para pymes anunciado por la AFIP?

Javier Fuentes: Este plan de facilidades de pago tiene por finalidad permitir que los contribuyentes morosos al 30 de abril del 2023 regularicen su situación de una manera mas holgada, con mayor cantidad de cuotas para el pago, lo cual no es gratis. Pero tiene el inconveniente que la regularización es del total de la deuda, es decir, no solo se regulariza el capital sino que también debe incluirse los intereses resarcitorios e inclusive los punitorios si fuera del caso. Lo cual incrementa el peso financiero de las deudas tributarias, las que justamente no pudieron ser canceladas a su vencimiento original debido a problemas de financiación, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Otro inconveniente que presenta este plan de facilidades de pago es que restringe la posibilidad de adquirir títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera mediante transferencia en custodia al exterior (CCL), mientras el plan se encuentre vigente, y teniendo restringido el acceso al MULC para efectuar pagos al exterior, la situación para estas empresas será mas delicada.

P.: ¿Qué tan positivo es para las pequeñas y medianas empresas esta regularización de obligaciones?

J.F.: Lo positivo se vincula con la posibilidad de estar al día con las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social en cómodas cuotas, aunque a una tasa de financiación elevada. Además, para aquellos que son agentes de retención y/o percepción impositivas, les permite regularizar sus deudas por estas obligaciones. Pero, por otra parte, la tasa de financiación resulta elevada. En términos nominales hoy la tasa anual ronda el 71%. Teniendo en cuenta que la Ley de fomento de inversiones productivas ofrece tasas para préstamos de inversión y capital de trabajo entre los 64% nominal anual y el 74% nominal anual respectivamente, la tasa de financiamiento impositiva conspira contra el crecimiento de las empresas, que en lugar de aplicar esos fondos a financiar proyectos de inversión tienen que utilizarlo para solventar el alto costo impositivo que hoy tienen que soportar toda compañía. Y peor aún cuando no podrán hacerse de dólares para cancelar sus obligaciones con proveedores del exterior.

P.: ¿Qué otras medidas pueden ayudar a sobrellevar el día a día de las pymes argentinas?

J. F:: Básicamente, Argentina tiene que replantearse el esquema de tributación seriamente. Hoy tenemos una presión tributaria muy elevada, tanto a nivel nacional como provincial, y además las adecuaciones impositivas no hacen a la atenuación de esa presión, sino que persiguen fines recaudatorios. Entonces por este camino es difícil que lleguen inversiones genuinas y duraderas y que crezcan las que están instaladas.Impuestos como internos (excluyendo a los que persiguen fines de orientación al consumo), a los combustibles, sellos a nivel provincial, los municipales que no contribuyen al mejoramiento de la condiciones de producción, etc., no le aportan a las empresas ni a la sociedad en su conjunto beneficio alguno, en salud, educación, seguridad, etc. Entonces, ¿para qué sirven?

P.: ¿Cuál es el principal escollo a nivel impositivo que enfrentan las pymes?

J.F.: Las obligaciones impositivas no debieran ser vistas como un escollo. Tener conciencia de que toda Nación tiene un Estado al cual hay que solventar para el beneficio de la comunidad no debería ser motivo de enojo, sino de atención. El problema en nuestro país es que se cobra mucho impuesto y no se cumple con los objetivos para los cuales tales impuestos fueron creados. Esto obliga a las empresas y a la comunidad en general a tener que cubrir esas deficiencia. Otro punto que conspira contra el desarrollo de las empresas es el alto nivel de inflación que estamos experimentando y ya estamos entrando en una espiral inflacionaria ascendente que no parece tener fin. En este sentido, por ejemplo, tener que pasar por los tribunales para reclamar que se reconozca el impacto de la inflación sobre el computo de los quebrantos de ejercicios anteriores, no resulta razonable. Debería ya estar reconocido en la propia legislación impositiva, ya que no hacerlo implica para las empresas y para el estado un mayor costo administrativo y judicial que en última instancia, de una u otra forma, lo terminamos pagando entre toda la sociedad.