La Mesa Ejecutiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y los socios de la entidad en todo el país manifestaron su rechazo en forma unánime a las acusaciones "que involucran a muchos actores de la industria" que trabajan en obra pública, y "sólo apuntan a perjudicar al sector, justo en el momento en que, como resultado de las políticas públicas implementadas, éste aumentará su participación en el producto bruto interno y elevará significativamente el empleo formal del país".
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Los empresarios, que se reunieron en el 114º Consejo Federal de la CAC, realizado en la provincia de San Juan, aseguraron, en de un documento conjunto difundido hoy, que las denuncias de posibles actos de cartelización son una versión actualizada de viejas estrategias de quienes prefieren, la especulación a la inversión productiva, o de aquellos que a falta de propuestas, sólo buscan obtener rédito político circunstancial, en base a denuncias mediáticas inconsistentes".
Frente a esta situación, la entidad empresaria convocó "a todo el sector a evitar estas provocaciones y a seguir trabajando en unidad para que la construcción siga siendo el motor del crecimiento de la economía del país".
En el mismo documento, la CAC instó a la defensa de las empresas nacionales y destacó el rol de las PYMES del sector, "que han tenido una influencia directa sobre el nivel récord de obras ejecutadas a nivel nacional, a partir de una clara iniciativa de inversión en equipos y capital de trabajo en contextos crediticios nulos ó desfavorables para este tipo de empresas".
En cuanto a la cuestión de la legislación laboral, reiteraron su preocupación por los fallos de la Corte que dejaron sin efecto algunas normas sobre riesgos de trabajo, pues, explicaron, "se introduce nuevamente la litigiosidad que en su momento diera lugar a la tristemente célebre "industria del juicio", con las consecuencias que ésta apareja para el patrimonio de las compañías".
Además, la entidad destacó la "óptima ejecución presupuestaria", y El cambio de visión con respecto a las políticas de inversión pública ha sido uno de los pilares de la gestión del actual Gobierno Nacional", y agregó que esto "ha posibilitado que los proyectos de infraestructura -inclusive la social-, sean contempladas desde la óptica de la inversión y no del gasto".
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