La Corte aceptaría el recorte de gastos

Después de un cerrado silencio de 48 horas, la Corte decidió sorpresivamente ayer dar una señal política al gobierno y a los mercados de que colaborará en el ajuste del gasto público para llegar al pretendido deficit fiscal cero y permitir, de esa manera, superar el diálogo de las finanzas del Estado.

El gesto de los máximos jueces fue elogiado por el mismo Domingo Cavallo pese a que el ministro de Economía es un permanente crítico del rígido sistema salarial de los jueces que se encuentran protegidos por cláusulas constitucionales. También la rapidez con que la Corte se alineó políticamente detrás del proyecto gubernamental -»No vamos a jugar al desgregación del país», pontificó el juez Adolfo Vázquez, uno de los más decididos a recortar-se contrapuso con las trabas que el recorte de gastos viene soportando en el Congreso, un hecho que volvió a preocupar a los mercados.

Pero la Corte tampoco jugará todas sus fichas detrás del ajuste, fundamentalmente por la carencia del acuerdo legislativo, considerado en esas instancias un requisito básico para que se poden los sueldos de los empleados y se intente una negociación con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

De todos modos, el poder del sindicato de jueces es menguado porque no puede impedir a nivel individual que cualquier magistrado recurra una presunta rebaja salarial en base al criterio de que se viola el concepto de intangibilidad con que los beneficia la Constitución. Ni siquiera, muchos de ellos, se allanan al pago del Impuesto a las Ganancias deducido de sus haberes porque interpretan que se podría abrir un camino de presiones desde el Poder Ejecutivo a la autonomía e independencia de los magistrados.

• Prudencia

Por eso en la reunión de ayer, en la que sólo faltaron Guillermo López y Augusto Belluscio que se encuentran en el exterior, primó la prudencia, un estilo que le ha impuesto Julio Nazareno, quien mantiene una línea de diálogo permanente con el gobierno.

Antes de presidir el acuerdo, habló por los menos dos veces con el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, para transmitirle las inquietudes de sus pares: todo recorte para ser avalado por la Justicia debe venir con ratificación legislativa para evitar que se repita una situación controversial como ocurrió cuando José Luis Machinea les bajó 12 por ciento a los sueldos de los empleados públicos, pero ni el Senado ni la Cámara de Diputados aplicaron la medida en sus respectivas jurisdicciones.

Además, previsor y como manera de cubrirse de probables cuestionamientos instruyó al administrador, Nicolás Reyes para que abra el juego al Consejo de la Magistratura, en el que muchos de sus miembros reclaman su potestad para manejar el presupuesto del Poder Judicial. Este organismo nacido del embrión de Raúl Alfonsín cuando dio luz verde a la reelección de Carlos Menem, cuenta con el beneplácito del radicalismo y, por lo tanto, sus decisiones no pueden ser condenadas por opositoras. Muchos consejeros se han manifestado tan progresistas en material salarial como el propio Julio Piumatto, quien ha crecido gremialmente de la mano de Hugo Moyano y su prédica contestataria.

• Decisión final

En resumen: la Corte no determinó un porcentaje fijo para recortar -ya considera que se hizo un esfuerzo ponderable cuando aceptó la poda en su presupuesto de $ 285.649.559-; no estableció sobre qué partidas Reyes podía pasar tijera y le encomendó un plan de recortes en base a los exiguos recursos que maneja el Poder Judicial. La decisión final se tomará después de la feria judicial de invierno que empieza este lunes y cuando se presupone que el Congreso habrá acordado un plan de ajuste con el gobierno. Hasta agosto no habrá novedades en Tribunales sobre el recorte del gasto público.