La salud como pilar del proyecto político

Por Noelia Torres*

Si hay algo que deja en claro la gestión del actual gobierno, es que el proyecto no sólo se sustenta en lo económico y lo político, sino en diversas áreas de la seguridad social. El acceso a los medicamentos para el tratamiento de distintas patologías constituye un desafío para la implementación de políticas de salud pública. Es por esto que, en las últimas semanas, se tomaron diversas medidas sobre la industria farmacéutica. En primer lugar, la Jefa de Estado reglamentó la Ley Nº 26.688. Esta norma declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y otros productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. El Decreto que reglamenta la ley señala que el Ministerio de Salud debe promover acuerdos entre las jurisdicciones para que en las compras del Estado se de preferencia a los laboratorios públicos y otorgarles prioridad acorde a las leyes vigentes, de hasta un 5% por sobre el precio del primer mejor oferente. En línea con esto, se incentivará el intercambio entre las jurisdicciones de acuerdo a las necesidades de cada una. El objetivo de esta medida es establecer medicamentos con precios competitivos que sirvan de referencia en un mercado altamente concentrado.

Otra medida relacionada con la industria de los medicamentos fue la firma de la Resolución Nº 90 de la Secretaría de Comercio, que estableció que los laboratorios deben restituir los precios de venta del 7 de mayo hasta el 23 de agosto. Esta medida se tomó porque se observaron aumentos de entre 3 y 4% en los precios de venta al público en más de 70% de los remedios. A su vez, entre diciembre de 2013 y junio de 2014 los medicamentos aumentaron alrededor de un 35%. Estas subas resultan perjudiciales para el bienestar de la población y la Secretaria advirtió que esta suba generalizada de precios en corto plazo podrá conformar alteraciones en un mercado en el que los bienes que se comercian suelen ser de primera necesidad.

Por último, un grupo de diputados kirchneristas elaboraron un proyecto para crear una entidad que agrupe a las plantas de medicamentos que dependen de los gobiernos provinciales y universidades. La idea de este proyecto es minimizar la influencia de las grandes empresas en el mercado. El proyecto apunta a crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Se busca que esta Agencia pueda centralizar la compra de elementos que necesitan los laboratorios del Estado para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado. Este proyecto tiene el mismo objetivo que la Resolución firmada: establecer precios de referencia en un mercado oligopólico. Un segundo objetivo es progresar en el área de los medicamentos "huérfanos": aquellos que no son desarrollados masivamente por los laboratorios debido a razones financieras, ya que van destinados a un pequeño grupo de pacientes pero que responden a necesidades de la salud pública.

La Diputada por el Frente Para la Victoria y titular de la Comisión de Salud, Andrea García, señaló que los medicamentos son un bien social y que históricamente en nuestro país fueron una fuente de conflicto ya que se trata de bienes absolutamente necesarios a pesar de su precio.
Históricamente, el tema de los medicamentos siempre preocupó al gobierno nacional. La Ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico se sancionó en el año 2002 en el marco de una grave crisis política, económica e institucional. El autor de dicha Ley fue el entonces Ministro de Salud Ginés González García y el kirchnerismo le dio un fuerte impulso en los primeros años de gestión y actualmente surge como una alternativa para combatir los abusos de los laboratorios. Esta ley representó un verdadero cambio de paradigma en la relación de la cadena que interviene en la industria farmacéutica local. El objetivo de dicha ley era amplificar el derecho a los pacientes a elegir libremente el medicamento y que los laboratorios produzcan en el país aquellos medicamentos sobre los que pretendan una patente.
Todas estas medidas de ampliación de derechos en materia de salud son realmente necesarias debido a la importancia del mercado de fármacos en cuanto a abastecimiento y consumo. Un dato importante que da sentido a todas estas iniciativas es que Argentina es el cuarto país a nivel mundial en consumo de medicamentos por habitante, con un promedio superior a los 190 dólares anuales.

Si bien la columna del actual proyecto político se basa en medidas de índole económica, otras áreas de gobierno vienen jugando un rol fundamental en estos once años. La salud jugó un papel importante en la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner y lo está teniendo también ahora para cuidar el bolsillo de todos los argentinos. Como señaló Ramón Carrillo (el Ministro de Salud en las dos primeras presidencias de Perón), "de nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados".

*Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)